“Un país en estas condiciones interiores se observa al exterior en forma vulnerable, puesto que acondiciona en forma autoritaria las reformas estructurales para servir la mesa al capital foráneo para invertir, en explorar y explotar los recursos con que cuenta el Estado mexicano en su territorio y en su población”

LA IMPUNIDAD

Otro de los flagelos que hereda López Obrador de los gobiernos neoliberales, es la impunidad. La impunidad es la no aplicación de la justicia en los hechos delincuenciales de los diferentes gobiernos a partir de la Tercera Transformación – Revolución mexicana –, como la denomina el nuevo gobierno recién electo, y agudizada con la política neoliberal del gobierno saliente. La impunidad ha estado asociada a los asesinatos políticos, periodistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos, y a personas comunes. Se ha desempeñado displicentemente sin penalizar a la contaminación incidental o accidental de las empresas al medio ambiente, al robo descarado del erario público por los gobiernos estatales, a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los cientos de miles de personas a lo largo y ancho del territorio mexicano, entre otros muchos casos.

La impunidad se ha aplicado intencionalmente para proteger a los funcionarios públicos de alto rango. Protegidos por el fuero de que gozan los mismos, se escudan para cometer las fechorías que afectan a los intereses del pueblo. Así tenemos las licitaciones simuladas de las grandes obras públicas de infraestructura; desvío intencional de programas económicos a sectores vulnerables; desvío del crédito público para sectores productivos a cargo de la deuda pública interna y externa; desacato a reglas ambientales y laudos laborales por las empresas mineras con la complacencia de las autoridades; despojo descarado de bienes comunales de indígenas y campesinos por las empresas trasnacionales; privatización del sector productivo estratégico del país, de las pensiones; ahorradores defraudados por algunas cajas no autorizadas por la SHyCP, así como de algunas Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs), caso FICREA, entre otras.

La impunidad al igual que la corrupción son dos elementos indisolubles, la segunda arrastra a la primera, esa ha sido la dinámica que desarrolló la política pública de los gobiernos emanados de la Revolución, y que ahora el nuevo gobierno trata de eliminar y esto tiene que ser de raíz, si no, no puede llamarse la Cuarta Transformación. Estos fenómenos controvertidos han socavado la soberanía del Estado de Derecho fundado por la Carta Magna. La soberanía es la facultad absoluta de determinar por sí misma su propia competencia y de auto limitarse en las mismas. Al exterior se manifiesta como la expresión de voluntad de un Estado, en un plano de igualdad con los demás países, pero en el interior se destaca por implicar una norma incontrovertible por ser la base de todo el orden jurídico (César Carlos Garza García, 1997, Derecho Constitucional mexicano, p. 6).

La soberanía del estado mexicano la socavaron a su interior en un principio, desde el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez, este hecho quedó impune; después, el de Venustiano Carranza, Obregón, Zapata, Villa, Rubén Jaramillo; los asesinatos colectivos del 2 de octubre del 68 y 10 de junio de 1971, hasta el último que ocurrió con Colosio, eso por el lado político; por el periodístico con Manuel Buendía, hasta los últimos de Javier Valdez y Miroslava y otros; por el lado de los activistas, los ambientalistas y de derechos humanos. Una impunidad atroz acompañó a los mineros de Pasta de Conchos Coah. Y los derrames tóxicos en Sonora por la misma compañía minera del Grupo México de Germán Larrea. Estos hechos delictivos impunes, quedaron bajo reserva del régimen político de todos esos gobiernos, y se acentuaron exponencialmente con los gobiernos neoliberales (del PRI y del PAN). La sociedad mexicana guarda en su memoria colectiva estos crímenes y trata, con la esperanza del nuevo gobierno, de que se resuelva y se penalice de inmediato a los responsables que todavía viven impunemente.

Sistemáticamente e históricamente desde hace aproximadamente 80 años, los gobiernos revolucionarios, postrevolucionarios y neoliberales han socavado la soberanía a su interior; han sido cómplices de los hechos delictivos que protegen sus intereses, la de los empresarios nacionales y extranjeros y jefes de los cárteles del crimen organizado, todo por encima de los derechos del pueblo mexicano. Por lo mismo empezaron a fomentar y promover la incapacidad para gobernar, y con la fachada de la “utilidad pública”, diseñaron, aprobaron y decretaron las reformas estructurales que minaron a su vez, la soberanía al exterior, en forma intrusiva permitieron legalmente que las empresas extranjeras se apoderaran de territorios indígenas y campesinos, y sin consultas o consultas a modo, despojan impunemente a los pueblos vulnerables. Las reformas estructurales se diseñaron legalmente, realizando modificaciones a las leyes correspondientes de la Constitución; independientemente que las diferentes Constituciones estatuidas por el Estado mexicano a través de la historia, protegieron la preservación de las tierras comunales de estos pueblos para su subsistencia.

Al socavarse la soberanía interior y exterior del Estado mexicano por los gobiernos neoliberales a través de la corrupción e impunidad, la soberanía interior se deteriora en su autoafirmación como Estado de Derecho, puesto que el ordenamiento jurídico que lo sustenta, lo ocultan tendenciosamente para expresar una justicia social, una rendición de cuentas y transparencia en forma hipócrita y falsa. Se desacredita a sí mismo la confianza que el pueblo mexicano le otorga a su gobierno. El pueblo a través de sus sectores de la sociedad civil, se manifiesta en movilizaciones, mítines, huelgas, toma de edificios públicos y comunicaciones, para expresar su repudio y hartazgo de la forma de conducir la administración gubernamental, por la no autolimitación en sus competencias que le fueron asignadas por la Constitución. Ante ello, el gobierno se ve rebasado en sus funciones, manifestándose una ingobernabilidad insoportable, buscando el pueblo otras alternativas políticas que más le interesen en sus aspiraciones.

Un país en estas condiciones interiores se observa al exterior en forma vulnerable, puesto que acondiciona en forma autoritaria las reformas estructurales para servir la mesa al capital foráneo para invertir, en explorar y explotar los recursos con que cuenta el Estado mexicano en su territorio y en su población; está a merced de las disposiciones que imponga la empresa nativa y extranjera; en su procedimiento atroz para explotar los recursos y la mano de obra, existe libertad para accionar, puesto que el ordenamiento jurídico está acomodado para el usufructo de estas empresas. Los organismos internacionales financieros, dictan direcciones al gobierno mexicano de cómo conducirse para levantar la economía que está en crisis, de esta manera se socava la soberanía al exterior, se le derrumba la autodeterminación quedando en desventaja con los demás países.

Volviendo al tema de la corrupción y la impunidad, son dos elementos que funcionan simbióticamente, una no puede existir sin la otra, los dos se necesitan y coexisten cínicamente en el gobierno,  en las empresas y el crimen organizado, y ello repercute negativamente en la sociedad, lo cual provoca a su vez en la ampliación en la pobreza, se escasea y se desvía los recursos económicos en los programas para el sector social, prolifera el narcotráfico y crimen organizado; en este último vive y se nutren estos dos elementos mencionados, para extenderse a sus anchas en la población, apoyando a la autoridad en los homicidios de personas que protestan y organizan las movilizaciones que afectan los privilegios de la clase política. La clase política en este ambiente corrupto e impunidad se acostumbra y se lanza a los puestos políticos para acrecentar sus bienes y capital, conformándose mafias en lo administrativo y burocrático; así se tiene familiares en la carrera política, total que en cada entidad existen apellidos empoderados en la administración estatal y municipal.

Esto último se debe considerar en la Cuarta Transformación, de lo contrario, proseguirá el caciquismo político lo cual obstruye a la democracia del nuevo rumbo que tomará México.

Se consultó: César Carlos Garza García (1997) Derecho Constitucional Mexicano. México, Mc Graw-Hill