“La empresa en su dura realidad refleja la codicia y la avaricia por establecer su industria extractiva y demás; para acrecentar su poderío utiliza un arsenal de máquinas y equipo sofisticado, acompañado de un convoy de expertos técnicos con tecnología de punta”

Proseguimos con la percepción de la realidad a partir del gobierno.

El diseño de las políticas públicas ambientales por estas Secretarías, deberían de partir de una visión multidisciplinaria e interinstitucional, proporcionada además por expertos y ciudadanos organizados: los problemas que deben tener presente estas Secretarías federales, gobiernos estatales y municipales, es la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos; ausencia de instrumentos de planeación ambiental; autorización absurda para establecer en zonas municipales en el tratamiento y almacenamiento de residuos tóxicos y filtración de lixiviados a los mantos de agua; sistemas financieros no focalizados a resolver la problemática ambiental; sequías y heladas atípicas como consecuencia del cambio climático; ausencia de desarrollo institucional ambiental y personal capacitado para estructurar las políticas públicas ambientales (Álvaro García Hernández. La Jornada, 26 de octubre 2017. P. 14).

En lugar de percibir esa realidad, se ha ocupado en servirle la mesa a las trasnacionales, a través de las famosas reformas estructurales, cuya estupidez raya en la ignominia en contra de la nación. La Ley Energética asienta como prioridad la actividad extractiva en detrimento de la actividad agrícola, dizque por “utilidad pública”, aunque los pueblos primigenios queden despojados de sus únicos bienes para su sustento. Ley federal de Variedades Vegetales (LFVV), la cual se modificó en 2012 (Alejandro Espinoza. La Jornada, 2013) con la intención de favorecer la introducción del maíz transgénico. La SAGARPA ha pugnado porque se haga realidad la intromisión de estas empresas trasnacionales; consecuencia de esto es: contaminación genética del maíz nativo, lo que reduce la biodiversidad genética de esta planta y sus parientes. El productor que tenga contrato o no, con la industria para sembrar maíz, deberá pagar las regalías; estupidez: ¿por qué se va a pagar regalías por un maíz modificado genéticamente, si la base para hacerlo fue el maíz nativo? Proseguiríamos en esta secuela de leyes que deforma la realidad ambiental por parte del gobierno actual de Enrique peña Nieto.

Percepción de la Realidad por parte del pueblo.-

El pueblo aparte de percibir, observa y cuestiona las acciones depredadoras y contaminantes de las empresas, la estupidez y absurda de las políticas públicas del gobierno actual. Raya en el hartazgo de tanta estulticia manifestada en ambas entidades. Se ve despojado de su territorio; desmantelado los apoyos para su sustentabilidad; ausencia de auscultación afectiva para establecer acuerdos comunales; contaminación de suelos y ríos por el derrame de tóxicos de las mineras, cerveceras e industria; observa y cuestiona que el gobierno facilita la construcción de redes nacionales a partir de la inversión extranjera. Afortunadamente existen agrupaciones científicas y académicas comprometidas con la sociedad mexicana que participan en la defensa del medio ambiente, a continuación menciona algunas: La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México (UCCS), La European Network of Scientist for Social ad Enviramental Responsability y la International Network of Engimee and Scientist for Global Responsability (para los transgénicos) (David Quist y Elena Álvarez Buylla, La Jornada 2013). En lo que se refiere al despojo territorial tenemos a Geocomunes un colectivo integrado por estudiantes de posgrado y profesores universitarios a través de su método: “Cartografía Social Participativa”.

La cruzada del interjuego

La empresa en su dura realidad refleja la codicia y la avaricia por establecer su industria extractiva y demás; para acrecentar su poderío utiliza un arsenal de máquinas y equipo sofisticado, acompañado de un convoy de expertos técnicos con tecnología de punta, para explorar y diagnosticar la zona a operacionalizar la extracción, conducción, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, instalaciones especializadas para eliminar grandes cantidades de deshecho tóxico. No le importa utilizar cantidades exorbitantes de agua, con una mezcla de sustancias altamente tóxicas; impactar negativamente en el agua, aire y suelo, agricultura, salud y seguridad pública; la estabilidad del clima y social pasa a segundo término, aún y cuando estos temas se están tratando en esferas mundiales de líderes, científicos y académicos.

Esta realidad de afectación les importa muy poco a las empresas, pues su interés es exclusivamente económico y emite millones de dólares para presionar y doblegar las conciencias éticas (si es que la hay) en los funcionarios gubernamentales para su aceptación y autorización oficial, como lo dijo Noam Chomsky: “que lo que rige en el mundo actualmente no es ya un sistema clásico sino un sistema en el que sólo prevalece la llamada “máxima vil”, que definiera Ädam Smith hace dos siglos y que es la prevalencia de la ganancia de unos cuantos por encima del interés común de la gente”(La Jornada 16 de nov. 2017 p. 9).

En la esfera gubernamental mexicana, privilegia la recepción de dinero; los funcionarios reciben generosos contratos en primer lugar por la aceptación y autorización de asentamiento de una empresa, a través de las leyes estructurales para tal fin (ley energética, entre otras), en las que los legislativos también tienen su participación jugosa por aprobar las leyes, sin ningún debate, ni escuchar la voz de los expertos, son sumisos a las instrucciones del ejecutivo (¿para qué queremos monarquía?). Aparte, reciben aportaciones de parte de los cabilderos  de las empresas por conceder excensiones fiscales; promover y permitir licencia para introducir semillas con genes modificados, insecticidas, pesticidas no permitidas por la autoridad sanitaria, entre otras cosas degradantes.

Al pueblo le toca observar las atrocidades que cometen empresa – gobierno, ya que precisamente votó por un puñado de viles políticos que manejan impunemente la administración gubernamental, el pueblo es el rehén de politicastros que sin ninguna ética encaminan el colapso de la sociedad mexicana. Ya no se sabe a quién le va peor, si al indígena y campesino despojado de su territorio ancestral, o al pueblo que va a sufrir en salud y economía por la voracidad de estas dos entidades, o al planeta tierra en toda la plenitud de su naturaleza y medio ambiente.

Ante ello expongo a continuación una propuesta:

Organizar a la sociedad mexicana para votar por la derogación total de las reformas estructurales (Ley Energética, Educación, entre otras) y eliminación total de los contratos (o rondas) con las empresas trasnacionales que saquearán los combustibles y minerales; contaminarán suelo, agua y aire y extinguirán los maíces nativos originarios de nuestra nación; y despojarán de su territorio a los pueblos indígenas y campesinos y demás.

Esta propuesta va encaminada exclusivamente al pueblo de México; a los partidos auténticos de izquierda y a Marichuy candidata indígena independiente así como a AMLO, en las próximas elecciones en México.

Para este artículo se consultó:

Manuel Castell (2013) La era de la información. México, Siglo XXI

Blanche Petrich (2017) La Jornada. “El cambio climático podría causar la sexta extinción, dice el lingüista”. 6 de nov. P. 9

Iván Restrepo (2017) La Jornada. “Recordatorio sobre los males que causa el fracking” 13 de nov. P. 22

David Quist y Elena Álvarez – Buylla (2013) La Jornada. “La ciencia y la realidad vs. El maíz transgénico en México.

Álvaro García Hernández (2017) La Jornada. “Legislación ambiental aplicada al desarrollo municipal. La agenda ambiental pendiente” 26 de oct. P. 14.