Ante tan fuerte competitividad productiva el campo mexicano tradicional y de temporal, aunque quisiera, no puede competir en el mercado internacional, lo que se traduce en enormes importaciones de granos, pues para nuestro gobierno resulta más favorable comprar grano del exterior que producirlo, rezagando la actividad agropecuaria del campesinado, y por consiguiente, fomenta la desigualdad socioeconómica de la clase rural, engrosando el número de pobres en el país

Rodolfo Stavenhagen se pregunta: ¿quién produce mejor, el ejido o la pequeña propiedad? Para ello habría que ver las condiciones y posiciones de los dos subsectores. El ejido desde su inicio ha estado sujeto a una red burocrática para el desarrollo y crecimiento del mismo; dependencias que tejieron dentro de su estructura una vinculación dependiente y sometida del ejido. Desde aquí, el ejidatario no era autónomo para decidir la planificación de la producción. Así, estaba sujeto a la dotación de la tierra por el Departamento Agrario, distribución del agua por la Secretaría de Recursos Hidráulicos; la planificación del cultivo por la Secretaria de Agricultura y ganadería; el financiamiento por el Banco Ejidal; y su estructura política nacional, por la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Ante esa diversidad de instituciones y sus respectivas políticas de acción, el ejidatario no podía decidir su propia actividad agrícola; le planificaban el ciclo productivo del cultivo determinado, el financiamiento estaba sujeto a las finanzas públicas del banco ejidal, la comercialización y administración las conducía el mismo banco, por último nada más le entregaba los dichosos alcances o ganancia líquida. Lo trataron desde el principio como a un niño llevado de la mano a su parcela. Esto lo hacía vulnerable en su autonomía en su capacidad de decisión, estuvo está expuesto al autoritarismo, paternalismo corrupción del gobierno en general. Aun así, en esas condiciones de dependencia, el ejido pudo salir adelante, pero acarreando diversas cadenas que le impedían llegar a su propio desarrollo.
La pequeña propiedad, sin embargo, fue la más favorecida, a excepción del periodo de Cárdenas quien le destinó políticas agrarias a favor del campesinado, los demás gobiernos fueron y son más inclinados a destinar los programas y créditos para los cultivos de exportación, por ser los más solventes, que desde su inicio tuvieron las condiciones sociales, políticas y económicas para sus proyectos productivos demandados por el comercio exterior, y los que en la actualidad, por ellos, ha tenido una balanza comercial agropecuaria positiva, justificación a la mano para juzgar política y jurídicamente, que el ejido no tiene razón de ser; es un elefante blanco, dicen, lo mejor es destinar esas tierras de propiedad social improductivas a las grandes trasnacionales, que con el argumento jurídico del Artículo 27, se pueden expropiar e indemnizar por causa de utilidad pública, “para beneficio de la sociedad en general”. “Esto es bueno, pero cuenta mucho”.
Desde la reforma agraria emprendida por Cárdenas y las realizadas por los demás gobiernos pos revolucionarios, se dotó a la mayoría de los ejidatarios de pequeños predios denominados, minifundios. De los 3 millones de ejidatarios, las ¾ parte de ellos, tienen menos de 10 has y de éstos, 2/3 partes poseen menos de cinco has (Héctor Robles Berlanga, revista Procuraduría Agraria 1999, p. 43); considerándose esta situación como una limitante a la viabilidad de la unidad productiva, y como un impedimento para el desarrollo rural del país. Las mismas dependencias afines al campo, han establecido reglas de operación (más de cinco has y con sistema de riego), que limita o impide totalmente el acceso a cualquier programa de apoyo a la producción. El único apoyo es o era el Procampo, subsidio pírrico que no alcanza más que para barbechar la tierra.
Factores exógenos han contribuido al socavamiento de la economía campesina; así tenemos que en 1987, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), propuso reformas mayores a las políticas agrícolas de sus países miembros (Rita Sshwentesius R. 1999, Revista Estudios Agrarios, p. 61), estableciendo monitoreo sobre los avances y retrocesos de las políticas implementadas. Lo cierto es que la tendencia central fue reducir las erogaciones presupuestarias, y con ello, el nivel de los subsidios canalizados a la producción. Aunado a ello, las políticas hegemónicas de E.U. como el principal exportador de granos y su competitividad superior frente al resto del mundo, con estrategias agresivas de abrir mercados sobre todo de México y de los países asiáticos para sus productos agropecuarios, está minando la estructura productiva del campo.
Ante tan fuerte competitividad productiva el campo mexicano tradicional y de temporal, aunque quisiera, no puede competir en el mercado internacional, lo que se traduce en enormes importaciones de granos, pues para nuestro gobierno resulta más favorable comprar grano del exterior que producirlo, rezagando la actividad agropecuaria del campesinado, y por consiguiente, fomenta la desigualdad socioeconómica de la clase rural, engrosando el número de pobres en el país. La Unión Europea (UE) y E.U., a pesar de las reformas importantes en las políticas agrícolas, mantienen dispositivos de seguridad para sus productores, lo que no sucede en México, que desapareció totalmente los precios de garantía y lo sustituye por pagos directos al ingreso de los productores (Procampo), redujo además los insumos subsidiados.
Los ajustes en la estructura de producción a nivel nacional e internacional, destacan en México la pérdida de empleo, se concentra la producción, distribución, comercialización y transformación en pocos productores solventes para emprender agronegocios para exportación. Se diversifica los ingresos en el campo: agricultura de subsistencia, comerciantes, albañiles, artesanos, ambulantaje informal, entre otros; menor uso de insumos como fertilizante y pesticidas. La OCDE, ¿ha realizado cálculos del costo beneficio de las políticas empleadas en sus países miembros? Creo que no, de lo contrario ya hubiera retrocedido, eso supongo. Pero definitivamente no, ya que es cómplice de las políticas hegemónicas de los países desarrollados en detrimento de los países en desarrollo como México.
Además de estos ajustes estructurales sugeridos obligatoriamente para México, se viene como avalancha otras variables exógenas, las cuales tienen un impacto negativo para la agricultura tradicional del México rural: efectos del clima, precipitaciones pluviales irregulares y escasas que afectan las condiciones naturales de la producción; efecto de las políticas agrícolas de los socios comerciales, en especial el de E.U. con el famoso TLCAN, que distorsiona las señales del mercado mundial; se reducen las superficies para los cultivos de arroz, trigo, sorgo, soya, entre otros, ya que es más barato importar que producirlo; efectos de la política macroeconómica, el tipo de cambio, que en la actualidad estamos casi a $ 20.00 por dólar, tasas activas de interés altas, inflación que por más que se contenga, la canasta básica sigue elevándose en relación a los exiguos ingresos de la población rural y urbana.
La situación en la economía campesina se está colapsando gradualmente, y esto puede traer consecuencias de desestabilización social y económica del país (con toda la justa razón). Esto se resume con la caída de la producción agropecuaria (PIB agropecuario), se disminuye la producción per cápita de granos, carnes y lácteos. Aumentan las importaciones de alimentos, por consiguiente la balanza comercial es negativa, desde 1982 a la fecha (V y Vi informe de Gob. 1994 y 1998 y 6to Informe de Gob. 2011, SAGARPA). Existe estancamiento en la inversión y obsolescencia del parque de tractores y maquinaria, así como la reducción de insumos agrícolas modernos: de acuerdo al VII Censo Agrícola y Ganadero de 1991 se estima que de las unidades de producción que alcanzan apoyo, sólo el 7 % está tecnificada, 41 % es de tipo tradicional y el resto son unidades de subsistencia.
Se registran estancamientos cuantitativos y cualitativos en infraestructura agrícola como obras de riego, servicios de apoyo a la producción, escurrimientos irregulares están socavando el suelo agrícola, por falta de proyectos hidráulicos para reconducir adecuadamente a éstos. Baja el empleo en el sector, los ingresos son muy bajos: 70 % de los campesinos viven en la pobreza (más de dos millones sus familias), 26.3 millones viven en la pobreza extrema, 50 % de los niños del medio rural están desnutridos (Revista Estudios Agrarios, 1999, p. 74 75), así ¿cómo se enfrentan a la Prueba PISA, Enlace y actualmente Planea? El retiro de la participación económica del Estado, en la producción y distribución agropecuaria se ha dado en forma absoluta, el recorte brutal del presupuesto 2017 así lo demuestra; así es que los productores medianos y pequeños enfrentan problemas de sobre vivencia. El colapso económico y social está a la vista. No está en las mentes de los campesinos
Para los dos artículos se consultó a:
Rodolfo Stavenhagen y otros. Neolatifundismo y explotación Ed. Nuestro Tiempo
Rita Schwentesius R. (1999) Revista Estudios Agrarios No. 13
Francisco Herrera Tapia y otros (2007) La política de desarrollo rural en México y el cambio institucional
VII Censo Agrícola y Ganadero de 1991