"A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015"

Ausencia de justicia

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. De los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Según informó la Marina, sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio en la Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.
“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas.

Salvo raras ocasiones, las mujeres no reciben la asistencia médica y psicológica adecuada tras haber sufrido la violencia. De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, 49 calificaron la asistencia médica que habían recibido tras su arresto de “mala” o “muy mala”, y 19 la calificaron de “mediocre”. Además, las autoridades federales no están respondiendo con rapidez practicando exámenes forenses adecuados a las mujeres que denuncian tortura u otros malos tratos. Concretamente, la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia sexual no son sometidas a una revisión adecuada ni reciben la atención médica debida.

En México, en los juicios penales se sigue haciendo recaer la carga de la prueba en la persona que denuncia haber sufrido tortura u otros malos tratos, lo que contraviene las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. El derecho mexicano hace recaer justamente la carga de la prueba en las autoridades, que deben demostrar que las confesiones fueron obtenidas por medios legítimos, pero los jueces siguen dando primacía a las pruebas presentadas por el ministerio público sin poner en duda su legalidad y no excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el organismo con el mandato constitucional de desempeñar la función de protección y promoción de los derechos humanos, ha emitido decenas de recomendaciones sobre la tortura y otros malos tratos en los últimos años, su número palidece en comparación con el de denuncias que ha recibido. Entre 2010 y 2015, la CNDH recibió 7.048 denuncias de tortura u otros malos tratos y sólo emitió 62 recomendaciones. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

Peligroso secretismo
Las autoridades negaron a Amnistía Internacional el acceso a información crucial en el curso de su investigación. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.
“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, afirmó Erika Guevara-Rosas.

Oportunidades para la acción
Las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo. Recientemente se ha establecido un nuevo Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres adscrito a la Secretaría de Gobernación. El mecanismo agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, en los nueve meses transcurridos desde su creación, ha permanecido inactivo y no ha hecho ningún avance en ninguno de los tres únicos casos que se han presentado ante ella. Debe hacer avances concretos en la investigación de los casos que se le presentan.
El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura largamente aplazado. Aunque se han introducido elementos positivos, los legisladores deben reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.