"Basta echar una mirada a las condiciones económicas de la población en nuestro país, para diagnosticar cómo está funcionando sus sectores económicos y sociales, y poder definir qué se requiere para solucionar los problemas más prioritarios de sus habitantes"

Antes de penetrar mi pensamiento sobre las cooperativas, es menester primero cómo entendemos el concepto de desarrollo. Distinguir primeramente el desarrollo social del desarrollo económico; éstos se enmarcan en el crecimiento económico y social de un país. Y aquí se entra en una disyuntiva, si primero hay que plantear la estructura del sector económico, o plantear las premisas y finalidades del desarrollo social. Esto es prioritario puesto que el crecimiento económico deberá definirse a través del Proyecto Nacional; a qué sectores deberá privilegiarse, si al sector empresarial o al sector social de la nación, si es al primero, la estructura productiva y económica centrará sus estrategias al desarrollo empresarial, industrial, agropecuario y demás; si es al segundo, la estructura productiva y social, centrará su proceso de desarrollo en empresas sociales, cuyos medios de producción social estará en manos de organizaciones sociales, de acuerdo a la diversidad de actividades económicas dispuestas para ello.

Sin embargo, la perspectiva del desarrollo social y económico de un país, está determinada a las condiciones estructurales del sistema a desplegar. Se torna difícil establecer un desarrollo social en una estructura capitalista con sesgos sociales que se heredaron, y que al mismo tiempo, los gobiernos han ido vulnerando los sectores productivos sociales. Y pese a estas condiciones, aun así han prevalecido algunas formas productivas con fines sociales. Establecer el desarrollo social para privilegiar las condiciones de vida de su población, y no, a los bienes materiales para un reducido grupo de personas que son minoritarias en la gran demografía del país. En México, el uno por ciento de la población más rica se apropia del 32 por ciento del PIB, “ostenta una riqueza equivalente a la suma del 90 por ciento de la población (Patricia Muñoz R., La Jornada, martes 03 de mayo 2016).

Basta echar una mirada a las condiciones económicas de la población en nuestro país, para diagnosticar cómo está funcionando sus sectores económicos y sociales, y poder definir qué se requiere para solucionar los problemas más prioritarios de sus habitantes: el hambre y la desigualdad en la distribución del ingreso nacional; qué acciones y estrategias se pretenden implementar para logra la superación de estos flagelos, que está menguando la calidad de vida de por sí ya deteriorada después de varias décadas. La agricultura tradicional que predomina en los estados del sur como son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ha sido desprotegida de los programas gubernamentales, desde los años setenta a la fecha; así también, la agricultura de temporal en los estados del norte. La población rural ha sobrevivido, gracias al poco empleo agrícola y no agrícola, y alos programas asistenciales de Proagro y Prospera.

Un estudio académico reciente de la UNAM: “Informe del Desarrollo en México 2015”, “se propone analizar los avances y retrocesos registrados en el país en conseguir el desarrollo, para contribuir a la toma de decisiones económico, sociales y ambientales en el país”. El estudio parte de la evaluación de los resultados sociales que se han obtenido a través de la operación de paquetes de políticas públicas. La pobreza y la desigualdad económica es uno de los problemas esenciales de este trabajo, el cual proporcionará informes concretos sobre la evolución que ha tenido el desarrollo social del país. La revisión presentada muestra que en 2014 la incidencia de la pobreza en las tres líneas definidas (alimentaria, de capacidades y de patrimonio) registra niveles similares a las de 1992 (Orlando Delgado Selley, La Jornada, jueves 2 de junio2016).

El modelo mexicano sobre el desarrollo ha sido poco o nulo, puesto que en lugar de dinamizar a los sectores sociales en el rural y urbano, ha provocado estancamiento, la prueba está en la agricultura débil que no crece y por consecuencia no crea empleo, la producción agropecuaria, a excepción de los de riego y agroexportadores, va en plena disminución y representa precarios ingresos en las familias rurales. Los ingresos nulos en la agricultura los está sustituyendo el empleo asalariado en la ciudad y la remesa nacional y extranjera, siendo esto un paliativo a la economía rural y urbana. “El proceso de desagrarización refleja una disminución progresiva de la contribución de las actividades agrícolas a la generación de ingreso en el medio rural, así como una creciente migración y envejecimiento de su población” (Dr. Roberto Escalante en el Seminario: Perspectiva del Desarrollo Social en México, Congreso de la Unión, 2007).
El Modelo mexicano de desarrollo ha estado influenciado por las presiones internacionales desde 1948, con el documento “Carta de la Habana”. México no la ratificó: debido a que eliminaría las barreras al comercio, pues sobrevendría la ruina de las industrias existentes; no distingue intencionalmente la situación económica de un país acreedor de uno deudor, en la que todas las cláusulas eran a favor de los primeros; era poco equitativa una reducción proporcional entre países plenamente desarrollados con aranceles muy altos y países con desarrollo incipiente; no había una igualdad de acceso a los mercados y de la necesidad de llegar a entendimientos para el comercio de los artículos primarios básicos (materia prima), en relación con los artículos manufacturados de los países desarrollados (Luis Malpica de la Madrid, 1988, ¿Qué es el GATT?, p. 16 – 17).

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es el único instrumento de negociación al comercio internacional; reducir los obstáculos a los intercambios. Esta fue la primera necesidad de los países desarrollados con acumulación de excedentes en su producción nacional; promovido por los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); convocar e invitar a los países subdesarrollados (proveedores de materia prima), para que se sumen al desarrollo mundial; se pueda sustentar un desarrollo económico y social. Con estructura productiva agroindustrial exportadora y promoción al desarrollo industrial, cuyos resultados económicos satisfagan las necesidades de la población (salud, educación, alimentación, empleo y superación de la pobreza); es decir, lograr un bienestar en la sociedad de esos países, en fin, era la panacea para logra un crecimiento económico adecuado. Y la pregunta: ¿se logró?.

En 1985, Miguel de la Madrid, logró adherir a México al GATT; las premisas argumentadas por los expertos en economía del gabinete, exponen lo siguiente: hacer un análisis estructural de la economía mexicana – déficit en la balanza comercial, alto endeudamiento, baja en la demanda y en el precio del petróleo y limitación de créditos externos -; la economía mexicana debe insertarse en el comercio mundial, sustituir el permiso previo por el arancel, participar activamente en las negociaciones económicas internacionales, en sus interconectados elementos financieros, monetarios y comerciales. La contraparte, El Colegio Nacional Economista, argumentaba que el GATT constituía una amenaza, que atenta contra la posibilidad de manejo autónomo de nuestra política de importación y desarrollo industrial. La membresía al GATT, no promovía, menos aún, garantizaba que la producción nacional se tornara competitiva, sino todo lo contrario.

Siete años después, viene implacablemente el Tratado de Libre Comercio de los tres países del norte (Estados Unidos, Canadá y México), con una serie de desventajas para nuestro país. Una agricultura desmantelada, todos los apoyos para el campo fueron retirados (política propuesta por los organismos internacionales),; reducir el gasto público le recomendaron a México, ante estos embates, se reconfirmaba las argumentaciones del Colegio Nacional de Economistas: no adherirse al GATT, no pactar el libre comercio; pero esto ya era una imposición, que nuestro “eficiente gobierno” en su momento, tuvo que aceptar y ajustarse a las reglas establecidas en esos acuerdos no equitativos para nuestro país.

Ahora con el nuevo Acuerdo del Transpacífico, se vuelve a caer en un grave error, pues la liberación comercial en nuestro país, favorece a las empresas trasnacionales, dominantes del mercado mundial; la planta productiva prosigue no estar preparada para participar en el mercado internacional – la prueba está en la balanza comercial deficitaria de varios años -, salvo en algunas empresas agroalimentarias, con capital extranjero en algunas: Bimbo, Modelo, Nestlé, Lala, Gamesa, Femsa y otras. El poder monopólico se traduce en mayores ingresos para unas cuantas empresas y personas asociadas en corporativos, en detrimento de la inmensa mayoría de la población ¿cuál desarrollo económico y social para el país? ¡Ninguno!. Se agudiza la pobreza, la desigualdad económica, inseguridad alimentaria, altos índices de desempleo. No hay otra, se necesita una alternativa que apoye a la gran mayoría de la población, no con programas asistenciales, sino con propuestas que empuje el ánimo del trabajo productivo para esa población en desgracia.