“La falta de credibilidad en las instituciones mexicanas afecta todo el sistema y por lo tanto en muchas ocasiones el desgaste es por las cifras, los datos y los resultados, así como, por la metodología para la obtención de éstos que en la búsqueda de soluciones ante la apremiante seguridad y paz que deseamos los sinaloenses y mexicanos en general”

El reciente estudio sobre el índice de Paz en México (IPM) realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace IEP http://economicsandpeace.org/) en 2016 revela que, con respecto al último estudio realizado en 2011, los niveles de paz en México han mejorado sólo un 0.3%, esto es, de seguir con esta tendencia necesitaríamos por lo menos quince años para alcanzar un 1% de mejoría de paz en nuestro lastimado país. Esto de acuerdo al análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad Económica (IMCO http://imco.org.mx/seguridad/indice-de-paz-mexico-2016-via-el-instituto-para-la-economia-y-la-paz/).

El índice de Paz en México está conformado por seis principales indicadores: homicidio, delitos cometidos con armas de fuego, eficiencia en el sistema judicial, delitos con violencia, presos sin condena y financiamiento de las fuerzas policiales. El homicidio se mide por el número de personas privadas de la vida por cada 100 mil habitantes, medida como el número de casos investigados por las procuradurías de justicia de los estados. Mientras que los delitos cometidos con armas de fuego, se contabilizan por cada 100 mil habitantes, incluyendo homicidios dolosos y culposos, así como, asaltos cometidos con un arma de fuego. La eficiencia en el sistema judicial se mide por la relación entre condenas por homicidio y el total de homicidios registrados. Y los delitos con violencia se cuantifican por cada 100 mil habitantes ajustando la llamada “cifra negra”, que es aquella que resulta de la falta de denuncia por falta de confianza en las instituciones de prevención e impartición de justicia, así como, la falta de confianza en las fuerzas policiales en los tres órdenes de gobierno. Dentro de los delitos con violencia se registran la violación, el robo y el asalto. Por último, el rubro de presos sin condena es el número de personas en prisión sin una condena y es proporcional al nivel de los delitos con violencia. Mientras que el financiamiento de las fuerzas policiales es cuantificado por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAPSP) por cada 100 mil habitantes.

A pesar de los grandes recursos que el gobierno federal y los gobiernos estatales gastan en equipamiento de las diferentes fuerzas armadas, policías federales, estatales y municipales, la percepción de la ciudadanía sigue siendo que se vive una inseguridad creciente; los cuerpos policiacos no brindan confianza, en muchas de las ocasiones se relacionan más con la delincuencia y crimen organizado que con las instituciones creadas para la protección de los ciudadanos, de sus derechos y propiedades.

Por otra parte, en términos económicos en el fuero privado; el impacto de la inseguridad o carencia de paz se refleja en mayores gastos directos e indirectos contra la inseguridad; al tener los ciudadanos que protegerse con sus propios recursos a través de sistemas de seguridad, desde los más modestos como bardas, rejas o alambres hasta los más sofisticados como sistemas de seguridad privada a través de medios electrónicos controlados vía satélite, personal de protección personal, blindaje de autos, armas, adquisición de seguros, etc. El monto de lo erogado por las familias mexicanas en estos rubros el año pasado fue de 2.12 billones de pesos, esto es, más de dos millones de millones de pesos equivalentes al 13% del Producto Interno Bruto en México; lo que significa, en términos generales; una erogación de $17, 500 por habitante en nuestro país.

Del estudio antes referido se obtuvieron los datos que arrojan que tanto Guerrero como Sinaloa son los dos estados más violentos de la República Mexicana, mientras que los estados más pacíficos son Hidalgo y Yucatán.

Por otra parte, uno de los grandes problemas en los sistemas de protección, procuración e impartición de la justicia, así como, de la seguridad pública es que las cifras oficiales discrepan de aquellas emitidas por organismos no gubernamentales (ONG’s), asociaciones y sociedades civiles especializadas en estos rubros. La falta de credibilidad en las instituciones mexicanas afecta todo el sistema y por lo tanto en muchas ocasiones el desgaste es por las cifras, los datos y los resultados, así como, por la metodología para la obtención de éstos que en la búsqueda de soluciones ante la apremiante seguridad y paz que deseamos los sinaloenses y mexicanos en general.

En este sentido, se estima que el 93% de la mayoría de los delitos no se denuncian, precisamente por la desconfianza en las instituciones de justicia y seguridad pública; mientras que la discrepancia en los datos arrojados por los sistemas oficiales y aquellos no gubernamentales oscila por el 20%.

Hoy día parte de la sociedad mexicana exige justicia, estado de derecho, seguridad pública y paz, un elemento fundamental es el combate a la corrupción y la impunidad. En el Congreso de la Unión actualmente se está discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción que consta de siete leyes segundarias; a decir, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Código Penal Federal.

El combate frontal, y sin simulaciones, de la corrupción e impunidad en todas sus vertientes, esto es, en el sector público y privado, sector empresarial y de comercial, en el clero y sociedades religiosas, en el sector obrero y sindical, así como, en el seno de la sociedad civil, incluso dentro de nuestras familias; es indispensable para disminuir los índices de violencia y ausencia de paz que vivimos día con día.

El trabajo no sólo es de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada; también lo es de cada uno de nosotros en cada una de nuestras acciones que de una u otra forma benefician o afectan a nuestra comunidad.