"Frente a este contexto, las organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, víctimas y familiares, consideramos que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, omisa y negligente frente a la violencia feminicida"

Ante los alarmantes niveles de violencia y el ambiente de inseguridad que vive México, los derechos de las mujeres se ven afectados gravemente debido a la falta de una política integral con perspectiva de género y derechos humanos, además de la exclusión y la discriminación que se agudizan por factores como la impunidad, la violencia institucional y la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades.

Existe además un patrón de impunidad generalizada hacia las mujeres que intentan acceder al sistema de justicia, proceso en el cual sufren discriminación y malos tratos.
El país carece de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, presentando fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal. Una gran mayoría de los casos que involucran violencia contra las mujeres continúan sin ser debidamente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de justicia, tanto a nivel Federal como local. Las leyes promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante.

Frente a este contexto, las organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, víctimas y familiares, consideramos que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, omisa y negligente frente a la violencia feminicida y que existe una falta de  implementación de los mecanismos de protección para prevenir este tipo de violencia.

El observatorio ciudadano ha documentado que tan solo en México se asesinaron entre 2012 y 2013 a 3,892 mujeres. De estos casos, sólo 613 fueron investigados como feminicidios.
Desde el momento en que se implementó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) la sociedad civil ha solicitado de manera formal en once ocasiones la aplicación de la Alerta de Género para estados como Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California. Ante estas solicitudes, el propio gobierno federal y estatal  han incurrido en omisiones para emitir la Alerta.

Ejemplo de lo anterior es el procedimiento de la Declaratoria de Alerta de Género en el Estado de México, la cual a más de cuatro años de litigio y graves situaciones de violaciones a los derechos humanos de las mujeres como asesinatos, violaciones y desapariciones, ofrecidas como elementos para la investigación de la Alerta, a un año que se inició la investigación ordenada judicialmente, no se han entregado resultados.

A la par, en relación con las mujeres víctimas de violencia familiar que solicitan ayuda, de 104,470 denuncias, sólo se emitieron 29,776 órdenes de protección.
Las Procuradurías de los estados con frecuencia no emiten ninguna orden de protección; esta omisión es grave debido a que las órdenes de protección son una medida mínima para prevenir un mayor daño a las mujeres y se encuentra establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.