A nivel internacional las políticas agrarias son encauzadas a favorecer el bienestar a la población del medio rural, fortalecer los medios de producción de sus proyectos productivos para abastecer de alimentos básicos a la población nacional y mundial,

En los dos artículos anteriores expongo como la clase dominante en complicidad con los gobiernos monárquicos, Independientes, de la Reforma, porfiriato y los actuales revolucionarios y tecnócratas, han depredado y vulnerizado a los sectores indígenas y campesinos con las reformas históricas al derecho agrario, así como políticas públicas disfrazadas de democratizadoras. Lo que convierte a estos sectores en un status de desigualdad económica y social, que deviene en una pobreza y en un socavamiento y contaminación de los recursos naturales; situados en la propiedad social y en vetas abundantes, son codiciados por el capital nacional y extranjero, mientras que la clase gobernante en forma irresponsable y aberrante, les otorga las facilidades legales para debilitar y anular la soberanía del país; estas acciones se le denomina: “Vende Patria” o “Traición a la Nación”.
A nivel internacional las políticas agrarias son encauzadas a favorecer el bienestar a la población del medio rural, fortalecer los medios de producción de sus proyectos productivos para abastecer de alimentos básicos a la población nacional y mundial, proteger y preservar los ecosistemas a través de leyes, que mejoren el crecimiento económico, desarrollo social y sustentable. Los objetivos fundamentales de las políticas agrarias a nivel global son: aumento de la productividad agrícola y la utilización eficaz de los recursos productivos; la elevación de las rentas agrarias y su progresiva equiparación con los otros sectores económicos; el abastecimiento de alimentos al conjunto de la población de un modo regular y a precios razonables, y la conservación y defensa del patrimonio ecológico (Juan González Encinar, 1984).
Sin embargo, como lo menciono en el párrafo primero de este artículo, los discursos, los hechos, las reformas y las políticas públicas son contradictorias con la realidad mexicana, y además, se reafirman con los acuerdos y convenios que establece la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual apenas el día 09 de diciembre de 2013, aprobó la resolución 1803 del 14 de diciembre de 1962, cuyo título es: “Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales” (La Jornada, 10 de dic. 2013); en estas declaraciones (siete en total), resaltan las contradicciones entre sí, y además, otorga la interpretación y aplicación a su arbitrio a los gobiernos locales para favorecer la acción no solidaria, de los gobiernos y empresas de países desarrollados. Como ejemplo cito textualmente tres de los siete acuerdos, e incorporo a continuación, un análisis (en letra cursiva) de la contradicción que percibo en ellos con la realidad mexicana.
No. I.- “El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”.
Como introducción es interesante, y es de aceptación general, para que los pueblos puedan ejercer con base a derecho, la generación del desarrollo nacional a través de la inversión local e internacional.
No. 4.- “La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. En estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas podrán dirimirse por arbitraje a arreglo judicial internacional”.
Las trasnacionales no tendrán ninguna necesidad de apelar al arbitraje internacional, puesto que las reformas energética y ambiental expedidas por el gobierno mexicano, le aperturan libremente la explotación de los recursos. Las tierras de propiedad social (indígena y campesina), serán fácilmente expropiadas e indemnizadas a precios irrisorios, ya que por motivos de utilidad pública: la renta, exoneración de impuestos y el outsourcing, beneficiará a las trasnacionales. La única utilidad pública para la nación, será el empleo por contrato a tres meses, sin ninguna prestación y derecho a organizarse en sindicato. Además, otra utilidad pública es el derecho de las trasnacionales a contaminar y esterilización de suelos donde se establezcan las depredadoras. La ley de 1857, así como la época del porfiriato, permitió jurídicamente a los particulares, de apropiarse de las tierras que pertenecían desde la Colonia a las diferentes etnias indígenas. De forma similar en la actualidad, la reforma energética y la jurisdicción internacional, permitirá la apropiación de los recursos naturales para el capital extranjero.
6.- “La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, sea en inversión de capitales públicos o privados, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de informaciones científicas, será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de su soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales”.
Con el Acuerdo Estratégico Trans-pacífico de Asociación Económica (ATP), a que llegaron los 12 países ubicados en la cuenca del Pacífico, impulsados por E.U., el cual fue suscrito el día 05 de octubre del año en curso, en Atlanta, Georgia, tiene una particularidad específica, se diseñó y se aprobó en forma oculta, pues ni el mismo Congreso de la Unión se le rindió cuenta de ese acuerdo, mucho menos a la sociedad civil. Por lo que se desconoce en qué términos se hizo la negociación, qué condiciones, cuáles serán los costos y beneficios. Según algunos críticos nacionales e internacionales señalan que afectará los costos de los productos lácteos, cárnicos, arroz, entre otros. Hillary Clinton mencionó particularmente dos defectos: “la ausencia de sanciones contra los países acusados de manipular su moneda, y las medidas que dan demasiadas ventajas a las compañías farmacéuticas en detrimento de los pacientes y los consumidores” (La Jornada 08 de oct. 2015).
El acuerdo (ATP), no define medidas estrictas para la protección de los recursos naturales, deja de lado acciones contra el cambio climático, establece un comercio de recursos genéticos de la diversidad biológica y pretende que no se utilice el medio ambiente como barrera comercial, según el más reciente texto de esa criminal negociación. “Las partes reconocen que es inapropiado determinar o utilizar sus leyes ambientales y otras medidas a manera de restricción encubierta de comercio o inversión entre las partes” (La Jornada 15 de enero, 2014).
Esto es parte de los antagonismos que se observan en los convenios internacionales, en relación con la realidad que vive el campo mexicano, para nada es favorable los decretos de este organismo. Como una máscara benevolentese presenta, pero en realidad, es la cara de un torvo asesino que amenaza con reafirmar las claras intenciones del capitalismo voraz, que permea las cabezas y carteras de la mafia que controla el poder gubernamental.
Para terminar la secuela de los vientos huracanados que socavan la soberanía del país, menciono las tendencias de los avances científicos de la biotecnología, cuyos argumentos científicos basados en estadísticas de rendimiento en función de la gran demanda de alimentos, oferta la introducción de semillas genéticamente modificados en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Según estas compañías, su finalidad bondadosa es la de satisfacer el hambre de la población de esos países. Las autoridades mexicanas al autorizar esta siembra criminal, en primer lugar, asentarán el principio de la “era de la dependencia alimentaria”; en segundo, aniquilarán los genes autóctonos de la gran diversidad natural; y en tercer lugar, desaparecerán los gustos gastronómicos tradicionales del pueblo mexicano.
Estas compañías trasnacionales como la Monsanto, ha reducido la agro-diversidad en E.U. Hoy la Monsanto concentra el mercado de productores comerciales de semillas; la propiedad intelectual (patente) será exclusiva de éstas. México como el centro de origen del maíz, conserva todavía el germoplasma de esta planta. Los campesinos e indígenas libremente manejan el grano para siembra, al introducirse el grano modificado genéticamente, la comercialización se centrará monopólicamente en las trasnacionales; y si el campesino viola ese derecho, será perseguido por las leyes mexicanas e internacionales.
Y hasta aquí le dejo, gracias.