En los últimos años, uno de los principales problemas y preocupaciones de la población de nuestro país y de nuestra región lagunera lo constituye sin duda el problema de la violencia y la inseguridad pública, problemas que a pesar del discurso oficial, lejos de atenuar sus manifestaciones siniestras, estas continúan irremediablemente. A partir de la presencia cotidiana de estos fenómenos que han irrumpido inmisericordemente en nuestro diario trajinar, se ha desencadenado en nuestro municipio una serie de acciones aparentemente de corte ciudadana que han implicado una especie de ruptura de la organización social.

Los colonos organizados de algunos sectores de Torreón han decidido constituirse en defensores de sus espacios levantando muros y aislando su morada del resto de la ciudadanía; en la cual el miedo se ha convertido en factor fundamental que se ha materializado en objetos y espacios cerrados y “exclusivos”, que denotan rupturas en las relaciones sociales y en la manera en que la ciudadanía coexiste y convive en el territorio urbano. Los fraccionadores por su parte han ofertado verdaderos “Castillos de la pureza”, buena parte de ellos han sido construidos y ofrecidos a una desencantada clase media y alta, que al demandar estos proyectos habitacionales demuestra la poca confianza que le tienen a las autoridades gubernamentales, en buena medida por la incapacidad del estado de garantizar las condiciones mínimas de seguridad pública y de atención eficiente de los diversos problemas que genera la delincuencia organizada y el aumento considerable de los delitos de orden común (robos en casa habitación, robo de vehículos, extorsiones, etc.).

De tal forma que el temor omnipresente dificulta los vínculos sociales, paraliza a los habitantes y los hace alejarse de sus espacios públicos, los obliga a encerrarse, aislarse y perder todo interés e iniciativa en participar, analizar, discutir y buscar alternativas de solución de los problemas comunes de su entorno inmediato, y ni se diga de aquellos que tengan que ver con la vida de su ciudad. Esto ha propiciado la segregación de los espacios urbanos y ha estimulado el control, la privatización y el encierro de las actividades cotidianas, fortaleciendo la macabra idea de que los espacios abiertos y públicos son peligrosos.

Sonia Roitman identifica como relevantes en la conformación y surgimiento de los barrios cerrados: “el aumento del crimen, el miedo a la violencia y el sentimiento de vulnerabilidad” (Sonia, Roitman, “Barrios cerrados y segregación social urbana” en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146%28118%29.htm). A esto habría que agregarle la incapacidad del Estado en sus diferentes órdenes para asegurar a la población los servicios básicos mínimos, como es la seguridad ciudadana; así como la progresiva desaparición en la ciudad del sentimiento de comunidad; agravada por el aumento de la desigualdad social y el impulso, por parte de las compañías constructoras de una nueva “moda” urbana: las colonias amuralladas.

La percepción social en torno a la violencia y la inseguridad, pasa de ser una preocupación sobre la realidad urbana a ser un imaginario que conspira en contra de ciertos principios de la vida comunitaria, propiciando la construcción de una ciudad dispersa, fragmentada, egoísta, intolerante, desarticulada en la cual los ciudadanos no trascienden sus intereses individuales, y no tienen el poder y la capacidad de generar espacios más justos que les permitan desarrollar una vida social solidaria y participativa.

Algunos expertos en desarrollo urbano y participación ciudadana coinciden en que: “Cuando la población deja de tener la posibilidad de opinar en asuntos relevantes, pierde la opción de gestionar el espacio que va más allá de su cuadra, controlar su transitar por la ciudad, valorarlo positivamente, utilizar los espacios urbanos, apegarse, arraigarse y apropiarse de su territorio; de actuar sobre él para transformarlo en algo más amable y sensato, entonces pierde parte de su condición como ciudadano. Se inhibe el ejercicio de sus derechos civiles; deja de asumirse como parte de una comunidad con habilidades políticas, capacidades y recursos para enfrentar los problemas sociales y transformar la realidad”. (Liliana López Levi, Fortificaciones habitacionales en México, Revista Argumentos UAM-X, Nueva Época, año 24, Núm. 66, mayo-agosto 2011, pág. 76)

La larga temporada que estamos padeciendo de violencia e inseguridad, conduce explicablemente a que la gente busque sus espacios de resguardo mediante los fraccionamientos cerrados, que los justifica como un espacio deseable, transformándose en un instrumento de dominación, ya que el espacio amurallado se opone a los valores democráticos de libertad de tránsito, de convivencia y de igualdad. Surge pues una paradoja, se busca protección y seguridad privada, se crean espacios afines a estos objetivos, se desarticulan los espacios públicos, se aleja la población de los espacios comunes, donde se tiende la posibilidad de interactuar, de comunicarse, de ponerse de acuerdo, de intercambiar opiniones, preocupaciones y posibles soluciones, entonces la percepción de inseguridad se transforma en una violencia dominadora, reduciendo nuestra calidad de ser ciudadano.

Liliana López nos detalla este proceso que se ha generalizado en diversos municipios del país. Liliana nos dice. “A falta de políticas públicas efectivas por parte del gobierno para resolver el problema de criminalidad y narcotráfico en las ciudades, una de las estrategias de la población ante la violencia dominante es vivir en fraccionamientos cerrados; y aunque existen testimonios de actos ilícitos al interior de dichos lugares, los residentes, en general, valoran positivamente la solución. De manera tal que es cada vez más común el modelo de producción inmobiliaria habitacional que contiene bardas perimetrales, alambradas, sistemas de alarmas, elementos para el control de acceso y algunas incluso aprovechan los rasgos topográficos para construir el aislamiento. (Liliana López Levi, Fortificaciones habitacionales en México…, pág. 62)

Finalizamos con una afirmación muy esclarecedora de Liliana López sobre las repercusiones políticas que genera la tendencia a privatizar los espacios públicos, y al encierro ciudadano en colonias amuralladas a causa de la inseguridad. Liliana nos dice: “En términos políticos, una ciudadanía plena se construye a partir de una comunidad con vínculos sociales estructurados y eficientes, ya sea entre sí, como con sus autoridades, de manera tal que permitan una adecuada participación y representación. En este sentido, los problemas de inseguridad merman la capacidad de la población para unirse y organizarse. Pues además del aislamiento social, el miedo genera más violencia y es un elemento que sirve para legitimar políticas de control y regulación, ya sea por parte del aparato estatal, como por las compañías privadas o por un grupo de personas que toma el asunto en sus manos, en aras de una mayor tranquilidad. Cuanto mayor es la preocupación por la inseguridad, mayor es la disposición de los ciudadanos a someterse a mecanismos de dominio”. (Liliana López Levi, Fortificaciones habitacionales en México…,