"El Poder Judicial es el protector y garante de que todo el orden jurídico emanado de las Cámaras de diputados y Senadores sea congruente con los mandatos, idearios y aspiraciones plasmadas en la Constitución"

En fechas próximas la Suprema Corte de Justicia de la Nación renovará a dos de sus miembros debido al retiro de dos Ministros en jubilación; sin embargo, todo apunta a que esta renovación tiene más tintes políticos que jurídicos y es que estamos hablando del más alto tribunal jurisdiccional en México, lo que no es poca cosa, ya que ahí se dirimen y aclaran las situaciones jurídicas de mayor trascendencia para el país y por lo tanto el hecho de que haya una renovación no es menor ni intrascendente.

Pero vayamos por partes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al margen de ser el más alto tribunal jurisdiccional en México, es garante de nuestra Constitución Política y de lo que de ella se desprende, leyes, Códigos, Reglamentos y cualquier otra legislación jurídica que regule la conducta de la sociedad y de los individuos en ella. La SCJN es también garante de mantener el equilibro entre los poderes de la Unión; recordemos que este órgano de Estado es uno de los tres poderes en los que se divide la organización política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que recordemos también que con la intención de evitar los abusos y excesos del poder en una sola institución o persona como acontecía principalmente en los siglos XVII y XVIII, se dividió el poder soberano del pueblo, constituido en una organización política, en tres tareas o poderes fundamentales, a decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El primero de estos poderes es el encargado de la administración y ejecución de los diferentes planes y programas de gobierno y es electo a través del voto ciudadano en las urnas cada seis años en nuestro país, aunque con un gran déficit de legitimidad, ya que sólo vota aproximadamente el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Y esto se complica si analizamos que ese 40% aproximado de votantes, se diluye entre las dos o tres diferentes opciones o candidatos de cuando menos los tres principales partidos políticos. O sea que los últimos Presidentes han sido legitimados con no más del 20% del padrón electoral en términos generales, lo cual es ya de por sí un indicativo de la falta de respaldo social a la figura presidencial y sus actos políticos y de gobierno.

Bien, por otra parte y siguiendo con la línea de la división de poderes, el Poder Legislativo es la representación popular para la creación de leyes y toda clase de ordenamientos jurídicos que pretenden regular la conducta de la sociedad en aras de una sana y armónica convivencia en la que los miembros de ella puedan desarrollar conjunta o individualmente todo su potencial, ejerciendo los derechos fundamentales que tienen por el simple hecho de ser personas. Este Poder Legislativo está dividido a su vez en dos Cámaras, una de diputados que principalmente representan la voluntad popular y otra de senadores que velan principalmente por los intereses de los Estados que conforman la República Mexicana.

Por último, el Poder Judicial es el protector y garante de que todo el orden jurídico emanado de las Cámaras de diputados y Senadores sea congruente con los mandatos, idearios y aspiraciones plasmadas en la Constitución, así mismo, vigila a través de sus sentencias que todos los actos de gobierno y autoridad se realicen conforme al marco constitucional siempre en defensa de los derechos fundamentales de las personas y con la visión de llenar las posibles lagunas jurídicas que se originan en cualquier sistema jurídico.

Así las cosas, el roll de los Ministros que conforman la SCJN no es menor y en su designación están involucrados los otros dos poderes para su equilibrio, nos referimos al Poder Ejecutivo que propone una terna; y el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores quien designa a uno de los tres aspirantes propuestos.

Sin embargo, en últimas fechas hemos sido testigos de un cambio radical en la designación de los Ministros de la SCJN, en donde ha prevalecido más el poder político que el judicial, y eso, en tratándose de un órgano jurisdiccional del más alto nivel es muy grave; ya que si bien es cierto que la SCJN es un órgano del Estado como parte de una organización política, no menos cierto es que fue precisamente la división de poderes la que buscaba el equilibro entre éstos y la no preponderancia de uno sobre los otros. Sin embargo, hoy vemos que el poder político fáctico, que no emana precisamente del poder soberano del pueblo, prevalece sobre los tres poderes constituidos y principalmente sobre el judicial.

En las últimas designaciones observamos claramente esta tendencia; en el sexenio del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y ante la salida de los Ministros Mariano Azuela y Genaro Góngora, el Presidente propuso a través de dos ternas, a juristas con amplia trayectoria judicial provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito; así como, a catedráticos sin carrera en el terreno jurisdiccional. Esto con una franca intención de mantener un equilibrio entre las diferentes vertientes, que algunos afirman deben existir dentro de la Corte Suprema. Finalmente fue electo el ahora Ministro Arturo Zaldivar, quien fuera maestro del entonces presidente Calderón en la Escuela Libre de Derecho y quien no sólo nunca tuvo carrera judicial dentro del Poder Judicial, sino que fue litigante en favor de los bancos y los banqueros que fueron rescatados por el Gobierno Federal después de la crisis financiera y bancaria de 1995, los cuales fueron beneficiados con el apoyo del naciente Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Recientemente y ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, fue nombrado el actual Ministro Eduardo Medina Mora quien fuera, entre otros muchos cargos políticos, Director del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República en el sexenio de Felipe Calderón y Embajador en el primer trienio de la actual administración, sin embargo, sin ninguna experiencia en la solución de controversias jurisdiccionales, esto es, sin carrera judicial.

Hoy y con la inminente salida de los Ministros Olga Sánchez y Juan Silva Meza, se escuchan candidatos como Raúl Cervantes y Germán Martínez; el primero ex diputado Federal y Senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional; y el segundo, ex Diputado Federal, ex Secretario de la Función Pública y ex Presidente del Partido de Acción Nacional. Ambos sin carrera y ninguna experiencia dentro del Poder Judicial, ahora posibles Ministros del más alto tribunal.