Es el territorio o suelo que pisamos los habitantes de este país; habitantes conformados por una gran mayoría de mestizos, etnias indígenas, campesinos, obreros, extranjeros naturalizados mexicanos

Este artículo es una continuación de los anteriores (LO OCULTO DEL DISCURSO), publicados en esta prestigiada revista. El ocultamiento de lo real, las reglas y desaparición o no inclusión de objetos, conceptos, temas esenciales en el contenido del discurso oficial, va con el fin de hacer pensar a la población, que lo que se está enunciando, tiene visión y razón de ser para beneficiar a ésta. Se manifiesta una tendencia de progreso y utilidad a la nación; y esto con el fin de justificar que las acciones del gobierno en turno, son para subsanar los errores y fracasos de ciertos sectores productivos y culturales de sexenios anteriores, así como vicios a erradicar, o bien, de justificar la carencia tecnológica y económica para proseguir con proyectos de alta envergadura, y que sólo con la inversión especulativa extranjera y empresas trasnacionales, pueden sacar del hundimiento económico a la nación.

Me permito con todo el respeto que me mereces apreciable lector, definir con mis propias palabras el término nación: Es el territorio o suelo que pisamos los habitantes de este país; habitantes conformados por una gran mayoría de mestizos, etnias indígenas, campesinos, obreros, extranjeros naturalizados mexicanos. Clasificados en su status socioeconómico, en una insignificante minoría de la clase rica, un grueso de clase media alta y baja, y una inmensa mayoría en la línea o por debajo de la pobreza o extrema pobreza que no tiene que comer; se encuentra en este territorio, una gran biodiversidad: desierto, semi-desierto (con grandes yacimientos minerales), bosques, selvas, humedales, mantos acuíferos, sierras, ríos, largos litorales, una gran existencia de fauna que conforman comunidades ecosistémicas, una multiculturalidad en lenguas, religiones, costumbres y de acuerdo a sus asentamientos, en dos clases típicas: urbana y rural. Todos estos elementos organizados políticamente, de acuerdo a la Constitución, en un Estado republicano y federal; en el cual existe un pacto entre estados libres y soberanos que se asocian para conformar una sola nación.

La nación en sí, con todas sus riquezas, depende de las acciones de los hombres, en especial, de quienes llevan el control político, administrativo y técnico de la misma, organizados en un Estado que será el rector de la regulación de la economía y demás sectores; cuyos gobernantes planificarán, operarán y controlarán los resultados para una mejor equidad e igualdad de oportunidades, y distribución equitativa per cápita del Producto Interno Bruto (PIB), (¿de cuál Estado me hablas?), me dirán todos a la vez. Dentro de la planificación económica, está la regulación del sector agropecuario, que como mencioné en el artículo anterior, la superficie ejidal es de 1 millón 4 mil 27.91 Km2, (de acuerdo al RAN), corresponde el 50.6 por ciento de la superficie total de la nación; en esa superficie están asentados, 31,663 núcleos agrarios cuya distribución es como sigue: 29,321 ejidos y 2,342 comunidades ejidales (RAN, mayo 2011). Una gran superficie que debe sacársele provecho para la utilidad pública, según dicen nuestros administradores.

De acuerdo a la Ley Agraria, el área ejidal se divide en tres tipos: uso común 65 por ciento; parcela 32 por ciento; y solares urbanos 3 por ciento. Según el Censo 2007, el 4.5 por ciento de la superficie ejidal adquirió el “dominio pleno”, categoría que abarca 4.66 millones de hectáreas; de éstas, según INEGI, 1.56 millones de hectáreas fueron reportadas vendidas con base a esa figura legal. La distribución de la tierra ejidal contempla aproximadamente de 1 a 4 hectáreas por ejidatario, se enmarca pues en un minifundio, por ende, la producción es precaria, pero esto no es un impedimento para proseguir produciendo en forma doméstica, incluso hay excedentes para el mercado interno. La planificación agrícola en este sector, debe enfocar sus ejes a la agricultura familiar que contemple los apoyos económicos, técnicos, organizativos, administrativos y comercialización de los productos para hablar de un desarrollo rural integral.

Las fuentes de ingreso del campesinado se han modificado, ante la desprotección oficial a que se ha visto el campo mexicano: “El ingreso no salarial asociada a producción agrícola se ha reducido, y el ingreso total por unidad de producción disminuyó también. Para muchas familias las remesas se han constituido en fuente decisiva de ingreso” (Gustavo Gordillo, La Jornada, 16 de agosto 2014). Este es un reto para el gobierno mexicano; y como reto es muy fuerte a enfrentarse con inteligencia para insertar el campo mexicano al desarrollo nacional. En el suelo ejidal (50.6 por ciento de la superficie total mexicana) se encuentran grandes yacimientos minerales, gas, mantos acuíferos, bosques, entre otros recursos naturales, y el ejidatario de acuerdo a sus aptitudes y capacidades es incapaz, según nuestros gobernantes, para hacerla producir; por lo que su discurso oficial enuncia los grandes beneficios si el ejidatario coinvierte, renta, vende, traspasa a la iniciativa privada nacional o extranjera, que si es capaz de producir la superficie o el subsuelo.

Para ello, el gobierno mexicano actual, remite al Congreso de la Unión, un paquete de 21 reformas al campo, dentro de las cuales está la legalización del extractivismo: extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas termales, minerales por encima de las actividades agrícolas del campesinado en general. Emisión de las siguientes leyes: General de Aguas; Equilibrio Ambiental; Vida Silvestre; Desarrollo Forestal; Bioseguridad para autorizar la construcción de gasoductos en áreas naturales, facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas transgénicas (Víctor Quintanilla S. La Jornada, 15 de agosto 2014 p.20). Toda una gama de propuestas para sacar adelante al campo mexicano; se oculta en el discurso oficial, de qué manera va a beneficiar al campesinado; la contaminación que provocará el deterioro progresivo del territorio de nuestra nación.

El deterioro ecosistémico a que se someterá el territorio, ¿corresponde únicamente al campo mexicano? El suelo, aire, agua, fauna y flora, más que del campo, es de toda la nación. ¿El campesinado e indígena les corresponde únicamente a ellos defender el territorio? La población urbana y rural, como habitantes de esta nación, nos corresponde de hecho y por derecho defenderlo a capa y espada. O por el contrario: “lo que no pasa en mi parcela, me importa un comino lo que le pasa a otros”. Seamos conscientes de la situación catastrófica que nos espera al aplicarse estas leyes criminales. Algunas ciudades grandes como Torreón, Hermosillo, Zacatecas, entre otras, se está resintiendo la desaparición de los mantos freáticos, todo el recurso acuífero está destinado para la empresa lechera, minera, industria cervecera, entre otras, ¡se lo están acabando¡; la contaminación con arsénico del agua subterránea, está afectando enormemente a la población asentada dentro del área de influencia de las mineras; los deshechos tóxicos se introducen con las aguas pluviales al subsuelo, sus efectos directos serán para la comunidad ecosistémica. Será el fin de la primera ley divina sustentable, “Imagen de una edad de equilibrio y respeto entre todos los seres de la creación. El relato invita al cuidado y uso racional de la naturaleza; así el hombre participa en la obra creadora de Dios” (Biblia de Jerusalén, p. 26)

El discurso oficial enuncia a nivel nacional e internacional de que las once reformas estructurales, entre las que impactan al deterioro del suelo y el medio ambiente, la energética, la nación se verá beneficiada con la explotación del territorio, ya que el ejidatario nunca lo ha hecho producir, las utilidades serán empleadas al bienestar de la población, entre ellas, la rural, pues tendrán nuevos y mejores empleos, en pocas palabras se solucionará el problema de la pobreza; las ganancias serán de utilidad pública para emplearse en mejores servicios; habrá crecimiento en el PIB, la balanza comercial será superavitaria, en fin, hasta los portavoces de las megatrasnacionales le han dado su gran reconocimiento al Presidente de la República. Eso es obvio, ¿o no? Los contratos de venta, renta o traspaso, no será problema en la negociación, la PA, asesorará al campesinado para protegerlo de los contratistas profesionales de aquéllas; realizará reuniones pertinentes para orientarlos en la transacción, entre otros, los porcentajes de rentabilidad, proyectará las ganancias a cinco, diez, o más años según el convenio, además de ordenar y organizar los documentos legales, así como aplicar las cláusulas de la Ley Agraria, de que no es necesario que la asamblea acepte, sino únicamente los campesinos favorecidos en cuyas parcelas se instalará la maquinaria, equipo y depósito de residuos tóxicos. No importa que la contaminación dé cobertura a toda la comunidad del área ejidal y más allá de éstas.

Si es que está próxima una reforma al campo, ésta tendría que ser para beneficiar al campesinado, al medio rural en general, pero desafortunadamente esta reforma no puede ser antagónica con lo que se propone en las leyes secundarias de la Ley Energética. Dicha reforma contemplaría como siempre, paliativos, remiendos superficiales, que no choquen frontalmente con lo que ya tiene asentado la clase gobernante. Esta contrarreforma gubernamental, apoyaría la facilitación del espacio ejidal para las actividades extractivas; esto que impactará negativamente al medio rural, se extiende inexorablemente a la nación. La seguridad alimentaria se reducirá a lo máximo dependiendo definitivamente del exterior; los pocos espacios que queden, se destinarán para la siembra de transgénicos, que equivale al aniquilamiento de nuestras semillas originarias; los suelos deteriorados y medio ambiente contaminados lo resentirá en forma masiva la nación. Las organizaciones campesinas independientes proponen a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación (SAGARPA) y al gabinete agropecuario en general: que detone el potencial productivo de la pequeña y mediana agricultura, que se prioricen las inversiones en infraestructura y financiamiento, se restablezca un presupuesto multianual y garantizar en el periodo 2014-2018, se cumplan las metas nacionales de producción nacional de alimentos, para abastecer el 80 por ciento de la demanda y consumo de alimentos de la población (Matilde Pérez U., L a Jornada, 4 de agosto p. 12). Si esto es una expresión genuina del campesinado organizado ¿por qué no incluirlo en la reforma?.