ed92 / Laico

El 4 de septiembre de 2014, fue presentada ante la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Laicidad de la República. Fue suscrita por el legislador Víctor Reymundo Nájera Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien reconoció que el trabajo realizado se logró gracias a la colaboración y aportes sustanciales de agrupaciones de la sociedad civil y del sector académico comprometidas con el Estado laico. El objeto principal de esta iniciativa es establecer las disposiciones normativas referentes a fortalecer la naturaleza laica del Estado mexicano y sus instituciones, por medio de la creación del Consejo Nacional para la Laicidad, que vigilará que la actuación de los servidores públicos se dé con respeto a los principios constitucionales de la laicidad de la República y propugnará por el fomento al respeto a la diversidad y pluralidad religiosa, ética e ideológica.

¿Por qué urge legislar en materia de laicidad? Tras un largo proceso que se saldó con la derrota de fuertes grupos de oposición hostiles a los valores laicos –principios que proceden de una concepción exigente de la dignidad humana-, el 30 de noviembre de 2012 se concretó la reforma del artículo 40 constitucional, por el que se agregó la palabra “laica” al carácter de la República, quedando en estos términos: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano es una condición ligada a la justicia social, con la que se permite garantizar la igualdad de derechos y la libertad de conciencia. Sin embargo, es necesaria la disposición de ordenamientos legales específicos ante la ausencia de sanciones en los casos de violaciones al Estado laico por parte de funcionarios públicos, y ante el poder de la iglesia mayoritaria frente a los órganos de gobierno.

La historia de México advierte que no ha sido fácil para el país mantener la distinción entre lo público y lo privado. Hasta el siglo XIX, las Leyes de Reforma pusieron fin al monopolio absoluto del catolicismo romano y dieron origen al Estado laico mexicano. Pasaron más de tres siglos antes de poder contener la desmedida influencia que la Iglesia tenía sobre las decisiones de la nación.

Promulgada la Constitución de 1857, se reconocieron los derechos humanos como la base y el objeto de las instituciones sociales, de conformidad con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano publicada en Francia en 1789. Con las adiciones del 25 de septiembre de 1873 a la Carta Magna, se consagraron nuevos preceptos como este: “El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”. La libertad religiosa fue reconocida expresamente hasta 1860, año en el que el presidente Benito Juárez expidió la Ley sobre Libertad de Cultos. El artículo 130 de la Constitución de 1917 fijó límites a la participación política de los ministros de culto y sujetó el ejercicio de su profesión a las leyes, también prohibió las reuniones de carácter político dentro de los templos. Y hasta la reforma de 1992 se invocó el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias para orientar las normas establecidas en el artículo 130.

Actualmente hay registro de múltiples actos en los que servidores públicos de los tres niveles de gobierno, en el ejercicio de su función, condicionan servicios públicos a la participación ciudadana en eventos religiosos, privilegiando determinadas convicciones en detrimento de quienes piensan y creen diferente. Los ministros de culto y los funcionarios públicos que violan el Estado laico vulneran derechos, atentan contra la convivencia pacífica social y generan un ambiente de impunidad.

El Estado tiene obligaciones en materia de derechos humanos. Debe fortalecer los principios de igualdad y no discriminación, teniendo especial cuidado con las minorías religiosas y otros grupos vulnerables, y previniendo y sancionando toda violación al Estado laico en la que incurran los servidores públicos.

La Ley General de Laicidad de la República subraya que sólo la imparcialidad del Estado permite que la esfera pública sea de todos, y que todos puedan beneficiarse de un mismo respeto hacia sus convicciones. Sin duda, es un paso adelante hacia la consolidación del Estado laico mexicano.