ed93 / Lo oculto del discurso III de III

Lo oculto del discurso oficial será desaparecer la verdad de los asuntos, objetos y mostrar lo superficial, lo que sí se puede ser visible y además de que sea atractivo para que la población a quien va dirigido, en primer lugar se convenza, en segundo, sea tentador, sin que se pueda escudriñar (analizar) los conceptos, el asunto, la tendencia a que vaya a dar lugar en el futuro; preparar las condiciones de legalización, negociación, acceso a formas jurídicas para la certidumbre en las acciones y decisiones a tomar, y que éstas se vean compensadas en bienes de capital o provecho material, el cual nunca lo han podido tener, por los obstáculos que las mismas leyes les presenta. Perdón por hablar en forma abstracta o en general, ya que no soy explícito a qué tipo de población me refiero, pues bien, es precisamente al sector campesino, quien desde que se fundó el ejido ha pasado por miles de penurias, salvo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, de ahí a la fecha no ha dado con una.
Se han instituido infinidad de instancias públicas generadas por las políticas públicas, para insertar al medio rural en el desarrollo nacional, pero es uno de los sectores más rezagado. El ejido que geográficamente está ubicado en mantos acuíferos, o bien en sistemas de riego por gravedad, ha sido afortunado puesto que la asistencia técnica, infraestructura, financiamiento, sin riesgo de caer en cartera vencida, se les ha proporcionado en forma medianamente oportuna. Pero quien de plano no ven una, es el campo de temporal, el que está sujeto a las lluvias y por antonomasia gran productor de granos básicos (maíz y frijol), el que alimenta a la población mexicana; como la mayoría del ejido es minifundista cae en la práctica de la economía familiar, el autoconsumo y el excedente se destina al mercado interno.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen en México 5 millones de campesinos, conformados por 3.8 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 1.6 millones de propietarios privados. Por su misma situación agroclimatológica, la vocación del suelo ha sido la producción de frijol, maíz, calabaza, avena, cebada, entre otros; estas últimas para los pocos animales que explota y el excedente lo comercializa al mercado interno. En el caso del frijol y maíz, en la década de los 60s, para afianzar la seguridad alimentaria del pueblo mexicano se fundaron: la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la Productora Nacional de Semillas (PRONASE); la primera para asegurar la cosecha de los productores rurales, con precios fijos que aseguraran la manutención de la familia campesina, y además, de proteger el almacenamiento y abasto de la semilla para en tiempo de escasez; aunque en tiempos críticos, esta instancia importaba el grano faltante.
La segunda institución, PRONASE, abastecía al agricultor con semilla certificada a precios accesibles. Igualmente se creó el programa de extensionismo rural, el cual me supongo, se incluyó en el currículum de algunas escuelas de agronomía. El discurso oficial de ese tiempo, estaba acorde con la realidad que vivía el campo mexicano. Había indicios muy buenos para impulsar la economía rural en el desarrollo nacional. Pero desafortunadamente, los expertos que dirigían el sector agropecuario, no previeron el futuro que ya estaba a vuelta de la esquina, estamos hablando ya para terminar la década de los 70s; la estructura productiva no previó en gran escala la producción de granos, no previó la exigencia en la calidad del producto, en el mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento, los vaticinios amenazantes de un nuevo modelo económico avasallador que provenía del exterior.
A partir de aquí, inician los discursos oficiales tendientes a ocultar una realidad que ya no podía sostener, el Producto Interno Bruto (PIB) era insuficiente para una mejor distribución per cápita, balanza comercial deficitaria. Como lo mencioné anteriormente, los expertos en economía agrícola no fueron capaces de planear los sectores productivos para una cadena de producción articulada (producción e industrialización); la industria requería producto de calidad y a la mano. Los arrastres desde los centros de producción a los centros de consumo, así como a las procesadoras de alimentos, era demasiado caro; aun a pesar de que el precio de los granos eran fijos, la estabilidad de los mismos fue ineficiente, pues el combustible encareció el transporte. Además venía la competencia internacional, se apertura la negociación con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), y posteriormente la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Poco antes del nuevo modelo económico que se avecinaba, México tenía organizado el sistema alimentario, con producción controlada había autosuficiencia y seguridad alimentaria; con fronteras cerradas no había competencia externa, se garantizaba la estabilidad social con el abasto alimentario. En ese periodo de estabilidad en el campo, la producción de frijol no constituía un problema, se aceptaba en las condiciones en que se producía: no había uniformidad en el grano, tamaño, forma, color y limpieza. En esta última se castigaba el precio por su impureza. La economía agrícola no se preocupó por planear la producción del maíz amarillo, el cual se importaba en grandes proporciones para la ganadería. Hasta la fecha se sigue importando.
Con el cambio de modelo económico a finales de los ochenta del siglo pasado, afectó considerablemente la estructura productiva del campo. Las nuevas ofertas internacionales requería de competitividad: calidad e inocuidad en el grano; por lo que de acuerdo a los estándares internacionales el grano mexicano no era competente. El discurso oficial, empezaba a exigir nuevas condiciones estructurales de producción, para enfrentar la competencia internacional. Se requería innovar el campo, ser solvente en el crédito, nuevas formas de comercialización, de organización en la empresa rural. El ejido debía tener certeza en su delimitación parcelaria con el fin de erradicar conflictos y controversias, para hacer del campo un espacio propicio a la inversión y el desarrollo rural integral.
Y es así como se implanta la reforma constitucional de 1992, con un discurso rimbombante: sacarle jugo a la gran riqueza y vocación de los ejidos, incorporando a los ejidatarios a los negocios, sin necesidad de que vendan sus tierras. Pero he aquí la paradoja, la nueva Ley Agraria contempla la figura jurídica del “pleno dominio”, que no es otra cosa, que el dar al ejidatario la tierra en propiedad, y ahora sí, como dueño absoluto para vender, rentar o traspasar los derechos al mejor postor. Se le deja al ejidatario, a merced de los buitres comercializadores de tierras, para las grandes empresas lecheras y mineras. De acuerdo al Registro Agrario Nacional (RAN), el territorio mexicano está distribuido de la siguiente manera:
La superficie del territorio mexicano es de 1millón 984 mil 41.61 Km2
La superficie ejidal es de 1millón 4 mil 27. 91 Km2.
Núcleos Agrarios son 31,663 distribuidos así:
Ejidos 29,321
Comunidades 2,342

El 50.6 por ciento del territorio le corresponde al ejido, un gran filón de pastel, que por estar en manos “dizque improductivas”, deberían estar en los que sí producen, sean nacionales o extranjeros. Se implementa de acuerdo al discurso oficial, un programa ambicioso para los ejidatarios: Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP), se crea a su vez, la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN). El nuevo fundamento legal agrario prevé diferentes formas de organización económica en el sistema ejidal. Se puede otorgar a terceros el usufructo de explotación de la superficie, o bien, constituir sociedades de producción rural, asociaciones, cooperativas y uniones; ¡Esta es la nueva panacea para el ejido! De aquí en adelante se requerirá oficialmente, el diseño y formulación de proyectos productivos entre los propietarios de la tierra social, se canalizará la inversión privada, apoyos públicos de programas federales y estatales en beneficio de los campesinos.
Las nuevas instituciones, PA y RAN, le darán certeza y protección al ejido con una visión de cambio y desarrollo, con el fin de impulsar actividades productivas empresariales y lucrativas. La PA, asesorará en la elaboración de la documentación legal para la formalización del mecanismo de inversión. Muy bien hasta aquí, nada más que estos programas de financiamiento, será para el campesinado organizado en figuras asociativas, y el que no, simplemente se queda fuera; y como la mayoría está en esas condiciones, el programa se vuelve exclusivo; la mayoría de la superficie ejidal se queda fuera del paquete de apoyos. Las 21 reformas estructurales, próximas a promulgarse destinadas al campo, le facilitarán cómodamente el territorio del campo mexicano a las empresas nacionales y trasnacionales. ¡El ejido no tiene razón de ser!, de acuerdo al discurso oficial, lo mejor es privatizar las tierras ejidales y asunto concluido. Nos vemos en la continuación del próximo artículo.