LA REFORMA EN MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA

El 19 de julio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 24 constitucional suscrito por el Presidente de la República, pero los antecedentes de la reforma en materia de libertad de religión se remontan varios años atrás. El diputado José Ricardo López Pescador, del PRI, presentó el 18 de marzo de 2010 la iniciativa a la Cámara de Diputados, quien la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. El proyecto presentaba gravísimas deficiencias que advertían una seria afectación a nuestro sistema de libertades. La modificación constitucional propuesta sentaba las bases para desmantelar el Estado laico mexicano. La iniciativa con proyecto de decreto quedó por mucho tiempo en espera de ser discutida, hasta que la cámara baja intentó aprobarla por la vía fast track el 15 de diciembre de 2011.

Ante las sospechas de que la reforma del artículo 24 obedeciera a intereses particulares y que grupos de poder estuvieran negociando con nuestras libertades constitucionales, numerosos grupos de ciudadanos protestaron de manera pacífica, pero enérgica, en las treinta y dos entidades federativas del país.

La sociedad civil reclamaba que el tema fuera objeto de un amplio debate público para que se escucharan las voces de los actores sociales interesados.

El 01 de febrero de 2012 -mientras el proyecto estaba en espera de ser dictaminado por la Cámara de Senadores- en diversos periódicos de circulación nacional se publicó el desplegado “Declaración Ciudadana México Laico” en rechazo a la reforma del artículo 24, firmado por más de mil cuatrocientos especialistas, investigadores, asociaciones civiles y religiosas, catedráticos y servidores públicos. Bajo el lema “¡Libertad religiosa sin Estado laico, no es libertad!”, los signatarios advirtieron a los legisladores y a la sociedad mexicana, el problema de la intencionalidad de la reforma. La publicación señalaba que de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, se observaba que el propósito no era la ampliación de libertades, sino la agresión al Estado laico. La reforma abría caminos para otorgar privilegios al clero católico en detrimento de las minorías religiosas, como la posibilidad de cancelar la educación laica en las escuelas públicas, permitir la participación de los clérigos en cargos públicos y de representación popular, y que pudieran detentar medios de comunicación masivos, entre otros.

Pocos días después (07 de febrero de 2012), en un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano declaró que la Iglesia católica era quien había estado impulsando la reforma del artículo 24.

Diluida la fuerza de los partidos políticos de oposición, los legisladores del PAN, del PRI y los pequeños partidos que lo secundan, y una parte del PRD, votaron en bloque la reforma. El resultado de la votación en la Cámara de Diputados fue: 199 votos a favor, 58 en contra y 3 abstenciones. En la Cámara de Senadores: 72 votos a favor, 35 en contra y 0 abstenciones (27 de marzo de 2012). Al ser remitido el proyecto a las legislaturas locales, cuatro Congresos votaron en contra en los Estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, pero para el 19 de junio de 2013, se reunieron 16 votos aprobatorios en otros Congresos locales. La reforma del artículo 24 era un hecho. El Ejecutivo Federal la promulgó un mes más tarde.

El 24 de agosto de 2014, en el semanario Desde la Fe y en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, se publicó el documento “Medios de comunicación para las iglesias, cuestión de laicidad” en el que el clero romano critica las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones para demandar el acceso a medios. Con su particular interpretación de los derechos a la información y a la difusión de ideas, la arquidiócesis afirma que “nuestra legislación padece anacronismos contrarios al espíritu reformador”, en referencia a las disposiciones constitucionales y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe a las iglesias y a los ministros de culto poseer o administrar concesiones de medios de comunicación masiva.

Además, el episcopado sostiene: “Es evidente que el nuevo marco en materia de telecomunicaciones debería abrir la discusión en el Poder Legislativo para superar una rémora en cuanto a la propiedad de medios de comunicación para las iglesias y distintas confesiones”.

¿En verdad estará la Arquidiócesis abogando para que todos los grupos religiosos operen medios de comunicación de masas? Probablemente no.