ed91 / Doctrina Estrada

El 25 de septiembre pasado el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la participación de tropas militares mexicanas en las operaciones de mantenimiento de la paz de la O.N.U. a través de los llamados “cascos azules” poniendo fin a la larga tradición de la aplicación del principio de la no intervención en asuntos de soberanía interna de otros Estados por medio de la llamada “Doctrina Estrada”.

«Por lo que en un contexto en el que la eficacia de las fuerzas armadas en México, en estricto apego a los derechos fundamentales, está en entredicho, es muy delicado realizar este tipo de declaraciones por parte del Poder Ejecutivo, al margen de la inobservancia o tergiversación del principio de la no intervención (Doctrina Estrada) consagrado en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos»

La “Doctrina Estrada” es el nombre que se le otorgó a la aspiración y práctica del Estado mexicano a través de su política exterior para el mantenimiento de la paz y buena relación con los demás Estados en el concierto de las naciones a partir de la década de los 30 en el siglo XX. Aspiración basada en el respeto al derecho que tiene cada país para su autodeterminación, esto es, el principio de la no intervención en la soberanía interna. Doctrina que tiene por nombre Estrada debido a que su autor Genaro Estrada, siendo Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del Presidente Pascual Ortíz Rubio instruyó a los representantes de México en el extranjero a no intervenir en los asuntos propios de cada país, consagrándose así la llamada “Doctrina Estrada” de la no intervención.

En este orden de ideas, el pronunciamiento del mandatario mexicano ante la comunidad internacional pone fin a una larga tradición de una política exterior mexicana de no intervención, además de poner en el centro del debate nacional y de la discusión de la cosa pública, el tema de la actuación las fuerzas armadas en México con relación a la sociedad civil y las constantes violaciones y excesos por parte de éstas. El ejército mexicano ha sido cuestionado recientemente por los abusos e injusticias en contra de civiles, violentando sus derechos más fundamentales. Situación que ha sido altamente cuestionada por la sociedad civil mexicana desde que, por instrucciones del entonces Presidente Calderón, las fuerzas castrenses salieron de sus cuarteles para realizar funciones policiales y de seguridad pública ante la incapacidad de los diferentes cuerpos de seguridad y policiales en los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz, el orden y el estado de derecho, debido al alto grado de corrupción imperante dentro de ellos.

En México la violación de los derechos fundamentales por parte de los militares en contra de la población civil ha sido una constante, recordemos el “Caso Radilla”, y se ha recrudecido desde su estancia y permanencia en las calles. Al día de hoy y de acuerdo al Centro de Análisis Fundar, existen 22 mil casos documentados de desapariciones forzadas atribuibles a las fuerzas armadas en México, además les son imputables de acuerdo a la cifras del INEGI más de 116 mil muertes “oficiales” desde la declaración de la guerra del Estado mexicano en contra del narco y crimen organizado a partir de 2012 y hasta el término del sexenio del ex presidente Calderón. “Human Right Watch” ha contabilizado más de 7,350 denuncias por abusos militares contra derechos humanos tan sólo en el periodo entre 2007 y 2012; así como, 4,700 casos de tortura en el mismo periodo. Todo ello ahora bajo la sospecha fundada de prácticas ilegales y extrajudiciales para exterminar y extinguir a grupos delincuenciales. Recientemente se ha hablado de ejecuciones masivas de supuestos delincuentes, parte del crimen organizado en manos del ejército mexicano. Nos referimos al “caso Tlatlaya” en el que aparentemente fueron ejecutadas más de 20 personas por militares, 8 de los cuales ya están detenidos y tres de ellos siendo procesados.

En este contexto es de imperiosa necesidad analizar los alcances de las declaraciones hechas por el Presidente de México ante la asamblea general de la O.N.U. Recordemos que los “cascos azules” tienen su origen en la resolución 109(II) de 1947 para la solución del conflicto en los Balcanes en el que México aportó tropas junto con otros países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y donde parte de sus funciones esenciales son crear y mantener la paz en áreas de conflicto, monitorear y observar los procesos de pacificación, brindar asistencia, supervisar el cumplimiento del alto al fuego, desarmar e inmovilizar a los combatientes, proteger a la población civil, realizar el mantenimiento de la ley y el orden, entrenar una fuerza local de policía y en general velar por el desarrollo de la paz.

Por lo que en un contexto en el que la eficacia de las fuerzas armadas en México, en estricto apego a los derechos fundamentales, está en entredicho, es muy delicado realizar este tipo de declaraciones por parte del Poder Ejecutivo, al margen de la inobservancia o tergiversación del principio de la no intervención (Doctrina Estrada) consagrado en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que “El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Las fuerzas armadas en México han demostrado su solidaridad y eficacia ante desastres naturales; sin embargo, ha sido manifiesta su incapacidad para realizar funciones de salvaguarda en el mantenimiento del orden y seguridad pública, principalmente en la interacción con la sociedad civil. El reto de apartarse de los principios que rigen la “Doctrina Estrada” es muy grande; el desprestigio internacional ante posibles violaciones de los derechos fundamentales por fuerzas militares mexicanas en el extranjero puede ser mayúsculo, al margen de las consecuencias y repercusiones geopolíticas que puede traer aparejada la presencia militar mexicana en zonas de conflicto de países con los que México tiene relaciones internacionales de variada índole.