ed89 / Cosa Pública

En días recientes fue aprobado el cuarto dictamen de las leyes secundarias en materia energética. En dicho dictamen fueron aprobadas entre otras legislaciones la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad de la Industria y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; creando la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

“Nos referimos a la denominada “servidumbre legal de hidrocarburos” establecida en la iniciativa de ley dentro del denominado rubro “uso de tierras e impacto social”

Sin embargo, es de llamar la atención que dentro de toda esta nueva legislación se incorpora una figura jurídica propia del derecho civil con fines de ser aplicada desde el derecho administrativo en beneficio de particulares. Nos referimos a la denominada “servidumbre legal de hidrocarburos” establecida en la iniciativa de ley dentro del denominado rubro “uso de tierras e impacto social”. Figura que tiene su génesis en la servidumbre tradicional de derecho romano y que no es otra cosa que el derecho que tiene un particular para el uso de una propiedad ajena en beneficio propio, en su caso, este derecho puede ejercerlo una entidad pública por causas de utilidad pública. Esto es, una limitación al derecho de propiedad de los particulares.

Las servidumbres tradicionales permiten el paso de aguas, personas, animales, líneas telefónicas, cables de alumbrado, acueductos, etc. Imponiendo al propietario de un inmueble el gravamen en provecho de otro inmueble, esto es, la obligación ineludible de permitir el uso eficaz, tolerando o absteniéndose de realizar acto alguno que entorpezca u obstaculice el beneficio del dueño del predio favorecido con la servidumbre. Esto tiene que ver con la mala distribución y partición de tierras, predios y bienes inmuebles que en muchas ocasiones la orografía no permite hacerlo de manera eficiente y en no menos ocasiones tiene que ver con la mala o nula planeación del uso de la tierra en México.

Para el caso que nos ocupa, la “servidumbre legal de hidrocarburos” será aquella en la que el propietario de una finca rústica, rural o urbana se verá obligado a permitir, tolerar y no obstaculizar el uso y disfrute de cierta parte de su propiedad o finca en favor de los concesionarios para la exploración y explotación de pozos petroleros y yacimientos de gas lutitas sin que exista la necesidad por parte de los concesionarios de comprar o rentar la propiedad afectada por la servidumbre y sin la posibilidad de expropiar por parte del Estado mexicano. Recordemos que en los primeros dictámenes aprobados por la Comisión de Energía en el Senado de la República se hablaba mucho de la expropiación por casas de utilidad pública, figura relativamente nueva en el derecho administrativo y conceptualizada por la Enciclopedia Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como el acto de derecho púbico, derivado de la soberanía del Estado en el que permite a éste transferir por vía de autoridad, la propiedad de un inmueble, mediante una indemnización previa y “justa”, de una persona privada a una persona pública. Sin embargo, ante el simple pronunciamiento de la palabra expropiación fueron muchas las voces que se pronunciaron en contra, por lo que el gobierno federal encontró la salida ante tal situación que rebasa el prejuicio o dogma nacional de la expropiación y traslada el problema a un asunto entre particulares, generando con ello una franca contradicción desde nuestro punto de vista.

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley en materia de hidrocarburos el gobierno federal establece que “Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”; sin embargo, por otra parte afirma que “La legislación secundaria establece el mecanismo general para definir los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial, o en su caso, la indemnización respectiva. El mecanismo propuesto se basa en los principios de transparencia, legalidad y equidad; plantea la negociación entre privados, y cuando sea necesario, esquemas alternativos consistentes en un proceso de mediación o de constitución de una figura de servidumbre legal de hidrocarburos”. Luego entonces ¿Este es un asunto público o privado?

Tratando de armar todo este rompecabezas tenemos que, al desmembrar a PEMEX y a la CFE como paraestatales, el Estado mexicano se imposibilita a realizar por la vía de la expropiación la adjudicación de una propiedad en beneficio de esas entidades y del interés público; sin embargo, recurre a una figura del derecho civil para aplicarla por la vía del derecho administrativo (público) como acto de autoridad para limitar el derecho de propiedad de particulares en beneficio de otro particular que en este caso son las compañías extranjeras que pretenden explorar la tierra y explotar los recursos naturales que se encuentren debajo de ésta. En conclusión, la servidumbre legal de hidrocarburos, es en realidad una servidumbre estatal en su acepción de sujeción, sumisión y subordinación al servicio de intereses trasnacionales.