Cosa Pública

“Desaparición forzada, historia que no acaba”.
El pasado 30 de agosto se conmemoró un aniversario más del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta conmemoración resalta en esta ocasión ante el marco del cuadragésimo aniversario de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, caso emblemático del abuso de poder y violación a los derechos humanos que da origen a un largo camino de injusticia que termina con la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, en un intento por terminar con todas aquellas prácticas que laceren los derechos fundamentales y a través de la cual se establece el principio pro personae y se diferencian claramente los conceptos de derechos humanos y sus garantías. Aquí la remembranza de una historia que no deja de repetirse en México.

En marzo de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una demanda en contra del Estado Mexicano, la cual se originó por la denuncia presentada en noviembre de 2001, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México.

Esto a consecuencia de la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde agosto de 1974, a manos del Ejército mexicano en el Estado de Guerrero.

Recordemos que en esa época (1974) el contexto que se vivía en esa zona era de una constante situación de conflictos sociales derivados de la pobreza y la marginación de los pobladores de las comunidades de Guerrero, escenario que desde entonces no ha mejorado aún y cuando ya entrados en la alternancia democrática, han habido gobiernos de diferente tendencia ideológica al mando de esa región, no habiendo un cambio sustancial en la situación económica, política y social de sus pobladores.

Este entorno empobrecido motivaba que los pobladores formaran grupos guerrilleros con ideología marxista-leninista para buscar y encontrar un cambio social a través de una revolución ideológica y armada. Sin embargo, no todos eran guerrilleros, algunos sólo comulgaban con la inconformidad manifiesta de la población en general. Como es de suponerse, el Estado mexicano a través del monopolio del poder y de la fuerza mantenía a raya a aquellos insurgentes que promovían un cambio radical en el contexto nacional. Este poder era manifiesto a través del uso del ejército y fuerzas armadas para sofocar los levantamientos y socavar el interés de los paisanos por sumarse a esta lucha intestina. Desafortunadamente, lo excesos no se hicieron esperar y en el contexto de una guerra sucia que no era privativa del Estado mexicano, sino que permeaba toda la geografía del centro y latinoamericana, no sólo se atacaba a los hombres armados sino también a sus “cómplices” y a sus familias sin importar edad o sexo.

Bajo esta dinámica social cualquier persona que comulgara con los sentimientos o ideología de los alzados era considerada enemigo de la patria y por ello había que extirpar ese cáncer social desde la raíz, esto es, desaparecerlo sin el respeto de las garantías más elementales de audiencia y defensa ante un proceso sumario que terminaba con la muerte y la desaparición del cadáver. En este contexto es en el que el campesino y ganadero Rosendo Radilla es aprendido, privado de su libertad y de su vida ante los ojos de su hijo por soldados del ejército mexicano. Hasta la fecha de la demanda interpuesta por sus familiares ante el cIDH no se había establecido su paradero ni se habían encontrado sus restos. Después de más de 33 años de su muerte y desaparición, existía total impunidad ya que el Estado mexicano no había sancionado penalmente a los responsables, ni había asegurado a los familiares una adecuada reparación.

Ante esa situación, lo familiares de la víctima recurrieron a todas las instancias jurisdiccionales sin encontrar muestras de solidaridad y apoyo institucional y oficial. Es por ello que se ven en la necesidad de recurrir a organismos no gubernamentales y asesorados por abogados internacionalistas exigen justicia ante la CIDH y sientan las bases de una nueva cultura de la defensa de los derechos humanos en México a través de la sentencia emitida por esta última instancia internacional de justicia; ya que recordemos que al estar México inserto en el “concierto de las naciones” no le es posible abstraerse de las obligaciones contraídas internacionalmente a través de los diversos Tratados Internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas pero principalmente no puede dar una imagen internacional de desobediencia a una norma internacional protectora de los derechos fundamentales acorde al nuevo contexto mundial de las naciones más avanzadas o en franco desarrollo. De no acatar las resoluciones de estos organismos internacionales podría enfrentar bloqueos económicos y financieros de organismos supranacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo por mencionar sólo algunos.

Es así que el Estado mexicano como consecuencia natural de las sentencias emitidas en su contra en materia de derechos humanos y acorde a la nueva realidad mundial, se ve obligado a promover reformas constitucionales en 2011 para garantizar la protección de los derechos humanos y así, por lo menos en papel, promover el respeto de estos derechos en los diferentes poderes que componen la Unión y en los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, esta situación lejos está de solucionarse. Desafortunadamente al término de este aniversario en favor de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en todo el mundo; en México, de acuerdo al Centro de Análisis Fundar, existen 22 mil casos documentados de desapariciones forzadas. Por lo que es indispensable llenar las lagunas legales en nuestro orden jurídico y reforzar las acciones estatales y gubernamentales que tiendan a desterrar estas prácticas que suponíamos superadas y anacrónicas.