INTRODUCCIÓN: Magnitud de la Tortura 1/2
Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban “donde
están las armas y donde está la droga”, rato después se escucha “llévatelo y tráeme al que
sigue”, escucho que abren la puerta .. me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré,
sentía lo mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua
sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los
hombros, piernas y … alguien oprimía mi estomago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones,
mientras me preguntaban lo mismo. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011) .

Los informes que recibió Amnistía Internacional sobre tortura y otros malos tratos en México
aumentaron considerablemente en los últimos cinco años del gobierno del presidente
Calderón. Este incremento se ha producido a pesar de haber adoptado las autoridades
mexicanas algunas medidas para reducir la tortura. Las limitaciones de esas medidas y su
ineficaz aplicación ponen en duda la voluntad política existente en todos los niveles del
gobierno para erradicar la constante tortura e impunidad que se mantiene desde hace
tanto tiempo en el país.

El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman
parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas.

Amnistía Internacional publicó el presente documento para ilustrar el hecho evidente de que
el gobierno del presidente Felipe Calderón no combatió seriamente la tortura y para
poner de relieve los retos a que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto,
para poner fin a la tortura y los malos tratos. La organización presentó este material al Comité de la ONU contra la Tortura, que en noviembre de 2012 sometió a examen el cumplimiento por parte de México de la obligación de poner fin a la tortura.

Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la
policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad.
México sufrió graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la
administración de Calderón. El gobierno ha desplegó fuerzas militares y policiales a una
escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más
de 160.000 se han visto desplazadas internamente,

Debido sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es en este contexto en el que han aumentado de manera alarmante los informes de tortura y malos tratos.

El gobierno ha reiterado con frecuencia su compromiso de garantizar que el enfoque
militarizado que aplica a la lucha contra los cárteles de la droga respeta plenamente los
derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado un acusado
aumento de las violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura,
cometidas por funcionarios públicos federales, estatales y municipales. En los últimos tres años de la administración calderonista, la organización ha registrado informes de tortura en los 31 estados y en el Distrito Federal. El despliegue de 50.000 efectivos del ejército y la marina para desempeñar funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documento se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura.
México ha desempeñado a menudo un papel destacado en la escena internacional al promover y ratificar nuevos instrumentos de derechos humanos.
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Así mismo, ha cursado una invitación permanente a mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Las recomendaciones formuladas a raíz de estas visitas han contribuido a generar algunos cambios positivos. La presencia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha tenido efectos positivos.
No obstante, en lo que respecta a la promoción y protección de los derechos humanos
internamente, México no ha cumplido sus compromisos internacionales. Por ejemplo, el
gobierno ha sostenido que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del Estado en
graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las violaciones de derechos
humanos que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre.
El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman
parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas.

Sin embargo, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos.
En el presente documento se resumen los principales motivos de preocupación de Amnistía
Internacional con respecto al incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas
por México en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, en particular la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir y castigar la tortura generalizada, investigar los abusos de manera efectiva y poner fin a la impunidad de los responsables y abordar los continuos obstáculos que encuentran las víctimas de tortura para conocer la verdad y conseguir justicia y reparación.

MAGNITUD DE LA TORTURA
Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros
malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e
investigación, que casi nunca hacer rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y
testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos
menos casos de los que realmente se producen.

Además, incluso cuando se presenta denuncia ante las autoridades, no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos. Aunque la recogida y análisis de datos plantean grandes dificultades en un país que es una federación, con múltiples jurisdicciones y cuerpos de seguridad, México es mucho más eficaz en esta materia en muchos otros sectores, como la salud y la seguridad social.

Por: Amnistía Internacional México
@AIMéxico
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Amnistía Internacional México

Continúa…