Garantizar la seguridad y la justicia es obligación –gravemente incumplida- del estado; cuando no logra ese objetivo primordial, se genera incertidumbre y ésta lleva a la baja de la inversión pública y privada por la desconfianzas generada, frenando el desarrollo comercial e industrial, promoviendo el desempleo y disminuyendo las posibilidades de ofrecer mejor calidad de vida a los pertenecientes de cualquier sociedad en particular.
Es un círculo vicioso que, como remolino, arrastra a las comunidades a la pérdida de control, generando lo llamado por algunos “estado fallido”.
Otro de los retos es la aparición de la impunidad, que hace crecer la violencia, cerrando el círculo vicioso con la delincuencia y mayor inseguridad, haciendo que el ciudadano pierda la confianza en sus administradores e instituciones, motivándolo al incumplimiento de sus responsabilidades cívicas y fiscales.

“Cuando hablamos y quizá protestamos por depredadores sociales que han devastado al país y a cada estado, muchas de las ocasiones no alcanzamos a dimensionar el efecto de su latrocinio y el tiempo que nos llevará recuperarnos”

La solución es conocida: fortalecer el estado de derecho y apoyar al gobernante para que recupere el monopolio del uso de la fuerza pública.
Este es el gran reto para quien resulte ganador de las elecciones de julio del 2012, que sin duda deberá enfrentar y lograr reducir la violencia; de lo contrario, quedará en grave duda su eficiencia, eficacia y acierto en el diseño y aplicación de planes y programas de contención, con incremento de la desconfianza, desencanto popular e inconformidad social; quizá hasta la manifestación violenta, alterando el estado de paz. En resumen: mayor ingobernabilidad.
El problema -de por si grave- se agudiza con la necesidad de aplicar acciones que darán resultados en el mediano plazo, caso de: mejor educación, ataque a la corrupción en todos los niveles de la administración pública, a la desintegración familiar y sus consecuencias sociales, falta de autoridad o incapacidad de ejercerla, limitados recursos para programas de trabajo y la urgente necesidad de satisfacer las necesidades de servicios públicos del mayor porcentaje de la población.
Cuando hablamos y quizá protestamos por la presencia de depredadores sociales que con corrupción han devastado al país y a cada estado, muchas de las ocasiones no alcanzamos a dimensionar el efecto de su latrocinio y el tiempo que nos llevará recuperarnos; es tema que poco comprendemos y, consecuentemente no atendemos.
Aún más: los problemas inmediatos, por la violencia incontrolada, transforma en prioritaria su atención, para poder trabajar en los planes a futuro y, para eso, no hay proposiciones claras y confiables de los candidatos a la Presidencia de la República, porque hay una gran distancia entre declarar propósitos y enunciar soluciones a problemas. ¿No le parece?
Para poder encontrar esas soluciones, es necesario definir de fondo la problemática nacional, que no lo hemos hecho; luego dimensionar fuerzas, grupos e individuos que los conforman; algo difícil, cuando recordamos esa costumbre política y social de “no pisar callos”.
También hay que medir -cuantificando y ponderando por importancia y posibilidad de atención- las condiciones en que se encuentra la estructura institucional del país y empezar a atenderla, buscando capacidad profesional con la buena intencionalidad y motivos legítimos que mueven a las personas.
Me parece que lo estoy poniendo cada vez más difícil.
Luego, conocer las circunstancias que disparan los diferentes factores y elementos -incluidos los humanos- pre disponentes de la violencia. Tampoco lo hemos hecho.
Es urgente empezar con el ataque efectivo a la corrupción, empezando, como algún político ya lo mencionó: “barriendo la escalera de arriba a abajo”, refiriéndose a la depuración de aquellas autoridades que son y favorecen la corrupción.
Incluya a los empresarios, comerciantes, profesionales y otros participantes de la movilidad económica, porque el problema no es excluyente de ningún grupo social, incluidos los religiosos y militares.
Le parecerá muy difícil, casi imposible, pero la solución es relativamente simple: asegurar el estado de justicia y derecho, aplicado en igualdad y con severidad. ¿Será posible?
Para eso se requiere un líder fuerte y dispuesto al riesgo; el beneficio será medido en resultados e inmortalidad.
Le doy algunos nombres: Bolívar, Juárez y Cárdenas; ellos fueron capaces de enfrentar imperios. No dejemos fuera a Madero y Carranza, los nuestros regionales.
Se busca uno de esos, que aunque son especímenes raros, existieron y existen, solo habrá que dejarlos aflorar y apoyar en cuanto “saquen la cabeza”.
La Dra. Beatriz Ramírez Saavedra, miembro del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha estudiado y definido espléndidamente el problema y sus posibles soluciones, advirtiendo que “para generar soluciones de fondo al problema de la violencia, que sean de verdad efectivas, es imprescindible la retroalimentación de los tres niveles mencionados, – estratégico, táctico y operativo – lo cual exige, en el terreno de la instrumentación, de instituciones profesionales y capaces, construidas para actuar con eficiencia y responsabilidad bajo un enfoque integral”.
Como usted puede leer, los remedios y profesionales expertos en su aplicación existen, solo falta un presidente que verdaderamente se atreva. ydarwich@ual.mx