Al año siguiente, en Coahuila se establece la Ley de Pacto Civil de Solidaridad, misma que permite, a partir de entonces, el registro de la unión de personas del mismo sexo a las que se les reconoce algunos derechos así como a aquellos que viven en concubinato. En ambos casos, tanto en el Distrito Federal como en el caso de Coahuila era claro que lo que estaba en disputa era el sentido, el significado de la “familia”. En ambos casos se trata de reconocer, sin mencionarlo, formas de convivencia que no tenían nombre o, al menos, no tenían un nombre reconocido jurídicamente pues las nociones de “pareja” y “matrimonio” estaban dotadas, legalmente, de una connotación heterosexual. Y sin embargo, había y hay hogares en los que habitan personas que, sin ser consanguíneos viven como familia, así como parejas de personas que sin ser pareja sexual o sentimental, cómo es el caso de abuela(o)-nieta(o), tío(a)-sobrina(o), amigo(a)s, en fin, una gama variada de pares de personas que mutuamente se otorgan derechos sobre sus respectivos patrimonios o sobre sus prestaciones laborales, derechos que no podían ejercerse a la muerte de alguno de ellos porque la ley no les otorgaba reconocimiento alguno. De alguna manera, estas formas de unión son la expresión de cómo la gente busca y genera la protección que las instituciones gubernamentales no proveen, como es el caso del cuidado de los viejos y/o enfermos por parte de gente más joven, independientemente de que sean parientes o no.
Lo anterior no es sino la forma en que se expresan las luchas de sectores sociales por dotar de un significado diferente, más amplio, más incluyente a las nociones de “matrimonio” y “familia”, nociones que no aparecen en los dos ordenamientos citados. Así, una idea subalterna de familia y pareja existe, persiste e insiste en lograr un espacio en el mundo de lo jurídico, pasando por el mundo de lo cultural, de lo simbólico, una idea que poco a poco pelea la hegemonía a la concepción dominante.
Por eso, casi al finalizar el año 2009 hay un cambio dramático en la correlación de fuerzas entre las ideas, hegemónica y subalterna, sobre matrimonio y familia. Ya no se trata de crear un ordenamiento jurídico nuevo, ya no se trata de darle la vuelta al espacio legal donde se sacraliza y se hegemoniza a la familia y al matrimonio cómo figuras centrales para organizar la vida social afectiva de los mexicanos. De lo que se trata ahora es de reformar el mismísimo Código Civil del Distrito Federal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La reforma al artículo 146 del citado ordenamiento implicó dejar de considerar al matrimonio como la “la unión libre de un hombre y una mujer” para pasar a definirlo como “la unión libre de dos personas”. Ya no se trataba de algo similar al matrimonio (lo mismo pero más barato para el conservadurismo), sino del matrimonio con todas sus letras y, por lo tanto, con todas sus consecuencias jurídicas.
Lejos estamos, sin embargo, de una situación en la que la cultura, nuestra cultura, machista, autoritaria, misógina y heterosexual haya dejado su lugar a una cultura de equidad, democrática y no sexista. Sectores de la iglesia mayoritaria, algunos partidos y el mismo gobierno federal mostraron su inconformidad e iniciaron las acciones legales y políticas para tratar de revertir la reforma al código civil. La Suprema Corte de Justicia ratificó la constitucionalidad de la reforma al código civil del Distrito Federal pero la lucha sigue. El Distrito Federal es una porción importante de nuestro país pero no es el país. La cultura machista respecto del matrimonio y la familia sigue siendo hegemónica pero… esa hegemonía está en disputa.