Al iniciar el siglo XX, México estaba atrapado en la mayoría de sus recursos naturales por los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra: El Consorcio del cobre Morgan – Guggemnheim, tenía el dominio absoluto de la producción de ese metal en el país. La Standard Oil Co., con el nombre de Water – Pierce, matriz de muchas sociedades subsidiadas, controlaba la mayor parte de la producción de petróleo crudo de México. La intercontinental se hallaba en posesión de millones de hectáreas de tierras huleras, las mejores de México (Kenneth Turner, J. 1975: p.231-235). Conforme a los datos que elaboró la propia Secretaria de Fomento del gobierno porfirista, consideraba que hasta 1910, existían 72 millones 335 mil 907 hectáreas en poder del latifundio. El censo de 1910 determinó que 836 hacendados poseían el 97 por ciento de la superficie cultivable en el país y más de 10 millones de campesinos eran peones; estas condiciones socioeconómicas fueron totalmente insostenibles. Lo que propiciaría el descontento general e iniciaría una revolución que cambiaría las estructuras sociales, políticas y económicas.

“A partir de 1988,el gobierno contribuyó al desmantelamiento de la infraestructura agropecuaria que apoyaban al campesino”

Aunado a este fenómeno social, se agregaban los fenómenos meteorológicos: sequías, heladas, inundaciones; otros, como las plagas y enfermedades que afectaban a la producción agrícola y ganadera. Sólo la sequía asoló a todo el país desde 1910 a 1977: 1917, 1932, 1935, 1943, 1951, 1953, 1957, 1958, 1962, 1969, 1977 (Florescano Mayet, E. La sequía en México). Al igual que en la colonia, el resultado inmediato de las sequías se manifestó en el alza de los precios de los productos agrícolas, lo cual afectó a la masa popular que tenía los más bajos ingresos. Se confirmaba así la ley económica de Adam Smith (la oferta y la demanda), el valor de cambio en las mercancías y la ley de concentración del capital de Carlos Marx. El gobierno federal importó grandes cantidades de cereales y alimentos que atendería de inmediato las zonas de desastre; se amplió los créditos y los plazos de pago a los agricultores más dañados. El país dejó de ser autosuficiente en sus cultivos básicos tradicionales, para convertirse en un fuerte importador.

Las primeras voces y actores de cambiar las estructuras de la tenencia de la tierra, fueron las de Emiliano Zapata con su Plan de Ayala de 1911, cuyo contenido fue el de desconocer al gobierno del señor Madero, y además, de disponer la restitución y la dotación de tierras a los pueblos indígenas y campesinos. Las intervenciones de Juan de Dios Bojórquez, Rouaix, Colunga, Heriberto Jara, Francisco Múgica, entre otros, dieron contenido y redacción final del Artículo 27 en la Constitución de 1917. No fue hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas, quien dio el golpe decisivo a favor del campo mexicano, a través del Reparto Agrario. Este acontecimiento facilitó evidentemente la segunda Reforma Agraria en México. Por fin el peón acasillado se convirtió en ejidatario. Se conformaron colectivas, algo parecido a las sociedades cooperativas agrícolas. Éstas, tuvieron muy buenos resultados en comparación, con la pequeña propiedad que siguió con el modelo tradicional de las haciendas.

El eje principal del crecimiento económico, fue la producción agrícola para la exportación, promovida por las fuerzas capitalistas del exterior – con el anzuelo de modernizar e incrementar la producción agrícola en México, Estados Unidos de Norteamérica colocó en el mercado, insumos, maquinaria, equipo y créditos – y asumida por los agricultores modernos. Álvaro Obregón inauguró el primero de mayo de 1924, el nuevo edificio de la Escuela Nacional de Agricultura en la hacienda de Chapingo. Se necesitaba una infraestructura significativa para crear las condiciones de la agricultura moderna; se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1925 destinado a los ejidatarios, y el banco de Crédito Agrícola, para los pequeños agricultores. En 1921 fue creada la Dirección de Irrigación, sus objetivos eran aumentar la superficie cultivada, asegurar las cosechas e incrementar la producción. En 1941, Manuel Ávila Camacho dio los inicios verdaderos de una agricultura moderna, pactó con la Fundación Rockefeller, para un programa de ayuda técnica, con el fin de superar la productividad agrícola en México.

Con la famosa Revolución Verde, vinieron expertos de E. U. con la política de investigación agrícola, eran especialistas en fitopatología, genética y suelos; limitaron sus investigaciones al maíz y al trigo, después al frijol, la papa, hortalizas, sorgo, cebada y leguminosas forrajeras. Hubo que seleccionar las semillas nativas e importadas de máximo rendimiento, y después, se cruzaron las mejores variedades para formar nuevas combinaciones genéticas. Se importó suficiente maquinaria agrícola con un paquete tecnológico que incluyó fertilizantes, semillas mejoradas, insecticidas, pesticidas, entre otros, con suficientes fondos financieros importados para la agricultura; pero este paquete tecnológico y financiero, lo absorbió el agricultor moderno ubicado en los estados de Sonora, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, en detrimento de nuevo a la zona de cultivo de temporal.

En 1943 fue creada la empresa Guanos y fertilizantes de México S.A., posteriormente, se organizó Fertilizantes de México (FERTIMEX), en 1975 se reorganizó el sistema de crédito oficial, ahora con el nombre de Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), en la década de los sesenta se creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares S.A. (CONASUPO), entre otras. Con la introducción del neoliberalismo impulsado por los grandes consorcios financieros mundiales: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) éstos, influyeron para que los países en desarrollo, entre ellos el nuestro, ingresen al mercado global y recomendaron modificar sus estructuras políticas y económicas: adelgazar el gasto público y reducir su intervención en el mercado, entre otras. A partir de 1988 en adelante, los gobiernos mexicanos, contribuyeron al desmantelamiento de toda la infraestructura agropecuaria; desaparece BANRURAL, CONASUPO, FERTIMEX, Productora Nacional de semillas (PRONASE) y otras instituciones que apoyaban al campesino. En 1992, el gobierno salinista pacta con E.U. y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aun a pesar, de que el campo mexicano no era competente en este tratado, por todo lo anteriormente citado; no tiene los suficientes elementos para competir con el mercado internacional. Se genera consecuentemente la pobreza, el hambre, el desempleo en la mayor parte de la población del campo mexicano.
Las instituciones agropecuarias federales y estatales no son capaces de enfrentar el problema alimentario; sus famosas “reglas de operación”, obstaculizan el desarrollo económico y social del campesinado: “La realidad la adaptan a la normatividad, y esto, debería ser al contrario”. Con Carlos Salinas de Gortari se da la tercera Reforma Agraria; se reforma el Artículo 27 Constitucional; a raíz de esta desestructuración, se le da categoría al ejidatario de propietario exclusivo de su parcela, así puede tener, según la nueva ley, mayor facilidad al crédito, al constituirse en asociaciones de productores y asociarse con empresarios agropecuarios y de otra índole, o bien, lo más grave vender su parcela, si así lo desea. Se vuelve a confirmar lo que dijo Wistano Luis Orozco: “la venden por miseria y se facilita las nuevas concentraciones de tierra en unos cuantos”. Y si no, constátenlo en la Comarca Lagunera con los empresarios de establos ganaderos, entre otros. Además de estos problemas, se agrega otro, El Congreso de la Unión y Ejecutivo federal, aprueban y ejecutan los proyectos de cultivo con “semillas transgénicas”, de empresas trasnacionales que comercian con el hambre del pueblo mexicano.
Siglo XXI, se vuelve a saquear de tierra al campesinado; se contamina el campo mexicano con semillas transgénicas, se contamina suelo, agua y medio ambiente con la actividad minera de empresas trasnacionales, las cuales, el investigador Claudio Garibay Orozco, éstas se llevan por cada mil dólares de mineral extraído y vendido, la corporación canadiense en Zacatecas, toma 999.82 y las comunidades reciben sólo 18 centavos de dólar. Se saquea el capital para depositarlo en bancos europeos; se socavan las estructuras políticas y económicas del estado mexicano. ¿Podrá la nueva administración gubernamental, reordenar lo desestructurado en el campo mexicano por los gobiernos anteriores, y resolver el problema alimentario que aqueja a la mayoría de la población mexicana?
¿Qué saber?. ¡Para hacer y cómo hacer!. He ahí la incógnita.